Seguir adelante con tantas ausencias (la octava edición tendrá 70 expositores, frente a los 234 del año pasado) ofrecerá una imagen de "batacazo" parecida a la de no abrir, señalan fuentes del sector a "El País".
Costará dinero. Y nadie está para excesos en el sector: el ladrillo acumula 354.000 parados en España -56.000 sólo en la Comunidad Valenciana-, sin contar las empresas de servicios vinculadas a la construcción; la venta de pisos se ha despeñado un 40%; los promotores sufren la sequía de crédito, y las solicitudes de concursos de acreedores desbordan algún juzgado de lo mercantil.
El sector da por descontado que la feria sufrirá una sangría de visitantes, que el número de compradores caerá todavía más, y teme que se cometan "locuras" del tipo dos por uno.
Así las cosas, por muy barato que resulte ir a Urbe (Feria Valencia admite que ha rebajado los precios a la mitad; algunos promotores aseguran que más), parece que el salón sólo abrirá por las presiones del Gobierno valenciano. Según varias fuentes (todas piden no ser identificadas), las gestiones han dado resultado sobre todo entre aquellos promotores que tienen proyectos que dependen de la Generalitat.
Feria Valencia niega esa versión. En todo caso, afirma un portavoz, "no se entiende que alguien no quiera ir al fútbol y reclame además la suspensión del partido". El desplome de asistentes, añade, se explica en parte porque apenas se expondrán PAI (los polémicos Programas de Actuación Integrada, la fórmula urbanizadora investigada por la Unión Europea) que en los tiempos del boom llegaron a ocupar el 40% de la superficie de Urbe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario