sábado, 31 de enero de 2026

Bernabé pide a Llorca aplicar la Ley de Vivienda: "Seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía"


VALENCIA.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria general del PSPV-PSOE en Valencia, Pilar Bernabé, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aplicar la Ley de la Vivienda. «Seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía y damos un mensaje erróneo», ha lamentado.

De este modo se ha expresado Bernabé después de que ayer viernes la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciara su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan.

 La edil aseguró que da este paso para que la investigación «pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad».

Esta fue la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este viernes se conoció que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, también dimitió tras los hechos.

Bernabé ha explicado que este es «un ejemplo de que los votantes del Partido Popular también tienen y sufren las consecuencias de los malos gobiernos que no son valientes y no adoptan medidas valientes en materia de Vivienda como en la Comunitat Valenciana». 

Según la socialista, «si Llorca aplicara la ley de vivienda estatal, la Comunitat Valenciana no tendría problemas de acceso a la vivienda».

En este punto, ha remarcado que «los votantes del Partido Popular también tienen problemas de acceso a la vivienda, pero si tienes un apellido que vaya en la línea de, en este caso, las concejalas o los gobernantes del Partido Popular, pues parece ser que sí que se corrigen esas desigualdades».

Por lo tanto, ha lamentado, «seguimos sin dar respuesta a la ciudadanía». A su juicio, «las responsabilidades políticas tienen privilegios y eso es a lo que se está dedicando el Partido Popular».

«El PP da un mensaje equivocado de lo que es la política. La política no son privilegios y no puede, en este caso, decir a los ciudadanos de Alicante que tienen el privilegio de que su familia pueda optar a la mayor necesidad hoy, que es acceder a una vivienda pública», ha agregado, al tiempo que ha insistido en que el Partido Popular «tiene un problema si no aplica las herramientas que tiene para intervenir el mercado inmobiliario y dejar de que los fondos buitres y sus familiares se puedan beneficiar de ello».

Morant critica que el Consell permita construir a 200 metros de la playa: "Es inadmisible y denunciable"

 CASTELLÓN.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afeado que el Consell «permita construir de nuevo a 200 metros de la playa», algo que ve «inadmisible, rechazable y denunciable». 

«Es una barbaridad», ha sentenciado.

En estos términos se ha manifestado la líder de los socialistas, al ser preguntada sobre los efectos de las lluvias en las playas de la Comunitat Valenciana.

La ministra ha trasladado «tranquilidad» a los municipios y a los vecinos de Castellón, Valencia y Alicante, «que están sufriendo esta erosión de las playas». 

Del mismo modo, también ha hecho hincapié en que esta situación es «consecuencia» del cambio climático. 

«Es una manera muy evidente de ver cómo el cambio climático nos afecta y nos afecta no solo en la erosión y la pérdida de nuestras playas, sino también en la seguridad de las personas porque esta erosión puede llegar hasta las casas», ha comentado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los políticos porque, según ha resaltado, es «inadmisible, absolutamente rechazable y denunciable» que el Gobierno autonómico, presidido por Juanfran Pérez Llorca, «pueda permitir de nuevo construir a 200 metros de la playa».

«No entiendo cómo con lo que estamos viendo esta semana ni con lo que están diciendo los científicos, queremos volver a construir en zona que se consideran inundables, porque eso pone en peligro a las personas», ha advertido.

Por tanto, ha señalado, «hay que combinar la evidencia científica con lo que ya tenemos». En este punto, ha afirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) tiene «un compromiso» para reconstruir las playas afectadas por la borrasca 'Harry'. 

«--Las lluvias-- Se han tragado playas reconstruidas con 45 millones de euros. Se las ha vuelto a tragar», ha lamentado.

Dicho esto, ha reiterado el compromiso del Gobierno de España, al mismo tiempo que ha instado a hacer una «reflexión». 

«Tenemos que ser conscientes del cambio climático», ha zanjado.

La manifestación 'Mazón a presó' exige "verdad y justicia" por la Dana: "Lucharemos hasta el final"



VALENCIA.- La manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por más de 200 entidades sociales, recorrió este sábado las calles Benetússer uno de los municipios más afectados por la riada, para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y exigir "verdad, justicia y reparación".

 "No pararemos hasta el final para que haya memoria para nuestros fallecidos", han prometido.

Así lo han puesto de relieve las portavoces de las principales asociaciones de víctimas en declaraciones a los medios antes de iniciarse la protesta, que ha partido poco después de las seis de la tarde desde la Plaça de la Xapa, en Benetússer.

Los manifestantes marchan tras una pancarta principal con el lema 'Mazón a presó' y portan otras en las que se leen mensajes como 'Consell dimisión', 'Mazón criminal', 'No son muertos son asesinatos' o 'Las nuestras de barro, las suyas de sangre'.

 La manifestación, con representantes de las asociaciones de damnificados a la cabeza, ha echado a andar entre aplausos y la moixeranga.

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha lamentado que "no ha cambiado nada". 

"Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas. Seguimos con Carlos Mazón ocupando el mismo sitio prácticamente, de diputado autonómico, aforado, sin ir a declarar a nuestra jueza", ha comentado.

Igualmente, ha criticado la comparación con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales, porque "la indemnización por fallecimiento es exactamente la misma". 

"Es un gobierno que se caracteriza por los bulos, que hace muchísimo daño. Lo único que quieren es crispar y polarizar", ha resaltado, en referencia al Consell presidido por Pérez Llorca. En este punto, ha reprochado que, "si tanto les preocupa nuestro bienestar económico, lo único que tienen que hacer es reconocerlo y crear una línea de indemnización".

Al ser preguntada sobre la comparación entre la tragedia de la Dana del pasado octubre de 2024 y el accidente ferroviario de Adamuz, Álvarez ha apuntado que el gobierno autonómico "quería crear discordia". 

"Saben que estábamos muy unidas y que tenemos cierta relación con Delegación del Gobierno; y como saben que nuestra relación es fluida quieren crear discordia", ha explicado.

"Y como veían que no había posibilidad de crear discordia ni de separarnos, pues entonces lo que han creído es eso: decir que somos víctimas de primera o de segunda o de tercera", ha enfatizado, al mismo tiempo que ha aseverado que las asociaciones no se lo han creído. 

"Si tan interesados estaban, podían haber votado a favor las ayudas para los damnificados y las víctimas de la Dana y de los territorios afectados que votaron en contra", ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que "lo único que quieren es justicia" y, por tanto, "que entren en prisión". 

Para Gradolí, "es vergonzoso e indignante que quieran comparar un accidente ferroviario con una negligente gestión de una emergencia".

 "No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas", ha apostillado.

"Toda nuestra condolencia, todo nuestro pesar y nuestro acompañamiento a los familiares de las 46 víctimas fallecidas en el accidente de tráfico y a los heridos", ha subrayado.

Por ello, tal y como ha remarcado, seguirán saliendo a la calle para pedir "verdad, justicia y reparación" y "que no vuelva a pasar nunca más, que nadie tenga que morir porque haya una negligente gestión de una emergencia".

En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha manifestado: "Se ha premiado a un expresidente que actuó de una manera negligente, ineficaz e inepto. No hay derecho, porque es una bofetada para toda la sociedad valenciana". 

Dicho esto, ha reconocido que Llorca "tiene otros modales y otras formas" pero, a su juicio, "no es así en sus actos".

Preguntada por si notan una disminución del apoyo social, Toñi García ha respondido que "en absoluto": "Seguimos teniendo --apoyo--, aunque vengan menos personas a las manifestaciones, el apoyo es el mismo. Las entrevistas, los medios de comunicación, el apoyo tanto internacional como nacional, como de todos los medios de comunicación siguen ahí".

En palabras de Toñi García, "en ningún momento estamos desfallecidas ni mucho menos". 

"Vamos a estar ahí hasta el final; desde el primer día dije que lucharía e iría hasta donde haga falta y lucharé no solo por mi marido y mi hija, sino por todas aquellas víctimas habidas en la catástrofe del día 29 de octubre de 2024", ha concluido.

Los manifestantes han completado el itinerario repitiendo proclamas como "Consell dimisión" y "Partido Popular, partido criminal" hasta llegar al punto final. Coincidiendo con el priemer aniversario de los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, las entidades convocantes han difundido un manifiesto que hace hincapié en "los intereses de la industria turística y la negación de la crisis climática".

"El 29 de octubre de 2024 nadie podía imaginar que no sería el agua, sino la negligencia política, los intereses de la industria turística, la negación de la crisis climática y unas infraestructuras que ahogan l'Horta Sur, la falta de previsión y la falta de planes de urgencia, el que iba a arrasar nuestros pueblos. Pero tampoco nadie podía imaginar que, desde el barro y sin poder secarse las lágrimas, estas mismas poblaciones se levantarían, se organizarían y dirían en voz alta que la reconstrucción no podía hacerse sin contar con la sociedad que había sufrido la tragedia. Que, si no era así, lo que ocurriría sería lo que está pasando: que se convertiría en el negocio de la muerte", han remarcado.

Asimismo, han recordado que a los dos meses de la riada ya se presentaban públicamente los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, "para exigir responsabilidades políticas y penales a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, y a su Consell, así como una reconstrucción que tuviera en cuenta que la emergencia no había acabado, que había que respetar el territorio y que no se podía construir en zonas inundables".

"Tampoco nos dejamos engañar por un falso relato de renovación del Consell. Hay que denunciar que la nueva cara de Pérez Llorca esconde la vieja política de Mazón con Vox. El PP asume así la continuidad de estas políticas a través de los presupuestos y de decretos que vulneran derechos humanos y atacan amplios sectores de la sociedad", han exclamado.

En este punto, se han referido a "la desnaturalización de la Renta Valenciana de Inclusión; de un decreto de simplificación administrativa que perjudica gravemente los derechos sociales; de la introducción de la caza como formación escolar; de la eliminación del lenguaje inclusivo en la administración; del uso de las prestaciones sociales como chantaje para forzar la asimilación cultural de las personas migrantes; y de las agresiones a los derechos de las mujeres y a la defensa de la lengua".

"A todo esto se añade la negación práctica del cambio climático, la no puesta en marcha de la oficina de emergencias y la permisividad con la construcción en zonas inundables", han sentenciado.

Un estudio de la ONU sitúa a España entre los países con legislación de costas más dura para los ciudadanos

 GINEBRA.- La Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE) ha presentado en Ginebra los resultados preliminares de un estudio internacional sobre la regulación del suelo en zonas colindantes con masas de agua, en una jornada que ha contado con la participación de expertos académicos y representantes gubernamentales de distintos países.

Entre los asistentes se encontraban 54 asociaciones costeras españolas, invitado por la UNECE por su representatividad de colectivos afectados por la aplicación de la Ley de Costas y por la falta de inversión y mantenimiento en el litoral español.

El trabajo, coordinado por la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Paloma Taltavull, analiza seis ámbitos: titularidad del suelo adyacente a masas de agua, competencias administrativas, cambios en la propiedad y mecanismos de transmisión, implicaciones vecinales y comunales y su vertiente registral. El estudio recoge respuestas de hasta 26 Estados.

Tras esta presentación, la UNECE prevé publicar el estudio definitivo junto con sus conclusiones y recomendaciones, con el objetivo de que los Estados puedan evaluar y, en su caso, alinear sus marcos normativos con los criterios que se establezcan.

Titularidad del suelo y dominio público

Según los resultados preliminares, los terrenos situados frente al mar están, en la mayoría de los países analizados, sujetos a regímenes regulatorios específicos, con una prevalencia de la titularidad pública (en torno al 51 %) frente a la propiedad privada sometida a restricciones (aproximadamente el 31 %). Estos enfoques regulatorios se aplican principalmente en el ámbito costero, aunque también se extienden a ríos y lagos bajo distintos regímenes jurídicos.

El estudio identifica como un aspecto relevante el derecho de propiedad en las zonas costeras y la frecuencia de cambios de titularidad del suelo desde el ámbito privado al público, un fenómeno reportado por más del 80 % de los Estados encuestados.

Mecanismos de transferencia y efectos sobre los derechos

El informe señala que las transferencias de terrenos privados al sector público no se producen exclusivamente mediante expropiación, sino también a través de venta, donación o herencia, lo que da lugar a titularidad pública en aproximadamente la

mitad de los casos. Asimismo, indica que los mecanismos de expropiación no suelen aplicarse del mismo modo que en otros supuestos de interés público, como las infraestructuras viarias, lo que ha favorecido la configuración de un estatus específico de los terrenos costeros de titularidad pública.

En torno al 20 % de las respuestas se refieren de forma expresa a la clasificación como dominio público, generalmente asociada a compensaciones limitadas. Como consecuencia de estos cambios de titularidad, el estudio constata que los derechos de los antiguos propietarios privados pueden verse reducidos o modificados, con situaciones que varían entre países: desde la existencia de compensación económica en algunos casos, hasta su ausencia en otros, o la conservación de una posición jurídica similar a la de un arrendatario.

Estas prácticas, según recoge el informe, son percibidas en ocasiones como expropiaciones sin garantías suficientes, lo que pone de relieve la necesidad de clarificar los marcos normativos. El estudio identifica, además, otros desafíos, como la aplicación incompleta de los procedimientos de registro y las restricciones significativas asociadas al estatus de dominio público.

España en el contexto comparado

Durante el turno de intervenciones, representantes españoles señalaron que, a la luz del análisis comparado presentado, el caso español se sitúa entre los modelos más restrictivos, especialmente en lo relativo al impacto de la regulación sobre los particulares y a los mecanismos de participación pública en la elaboración normativa.

El estudio recoge, en contraste, ejemplos como Grecia, donde no se permiten playas privadas pero sí concesiones limitadas bajo condiciones de mantenimiento, accesibilidad y garantía de uso público, o Finlandia, que presenta un modelo con mayor flexibilidad regulatoria y protagonismo municipal, sin una franja pública obligatoria generalizada entre el mar y la propiedad privada.

Reforma normativa y gobernanza del litoral

Desde España se subraya que el modelo español de costas, implantado en 1988 y modificado parcialmente en 2013, no ha resuelto de forma satisfactoria los problemas de gobernanza del litoral, y que existe un amplio debate técnico y social sobre la necesidad de revisar el marco normativo.

La organización recuerda que una propuesta de modificación de la Ley de Costas permanece bloqueada en la Mesa del Congreso desde hace más de un año, pese a haber sido tramitada en ambas Cámaras, y destaca la importancia de abordar cuestiones como la protección de los núcleos históricos y etnológicos del litoral.

El estudio de la UNECE, concluyen, se configura como un marco de referencia internacional para orientar futuras reformas legislativas en materia de costas.

La Comisión Europea presenta una estrategia quinquenal sobre migración

 BRUSELAS.- La Comisión Europea ha presentado la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración, que establece los objetivos políticos de la UE en materia de asilo y migración y servirá de guía con prioridades concretas para los próximos cinco años.

La UE ha abierto un nuevo capítulo en materia de migración y asilo que aprovecha y consolida los importantes avances que se han registrado en la protección de nuestras fronteras exteriores, aplica una diplomacia migratoria asertiva —por ejemplo mediante nuestras asociaciones estratégicas y globales con los países socios— y aplica las reformas introducidas por el Pacto sobre Migración y Asilo.

 Todos estos factores han contribuido a una disminución sostenida de la migración ilegal y a una mejor gestión de la migración en los últimos años.

La Estrategia reafirma la determinación de la Unión de establecer un marco que sea justo y firme y que permita gestionar eficazmente la migración junto con los países socios, de modo que ofrezca soluciones sin renunciar a los valores europeos. También reafirma el principio de que es Europa la que decide quién llega a la UE y en qué circunstancias.

La Estrategia establece el camino a seguir para alcanzar tres objetivos principales: prevenir la migración ilegal y destruir el negocio de las redes delictivas de tráfico ilícito, proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución, al tiempo que se evita el abuso del sistema, y atraer talento a la UE a fin de impulsar la competitividad de nuestras economías.

Para lograrlo, la Estrategia se centra en cinco prioridades:

· Intensificar la diplomacia migratoria

Seguiremos reforzando una diplomacia migratoria asertiva que promueva los intereses y valores de la Unión Europea. Gestionar la migración es un reto mundial que nos obliga a trabajar de manera solidaria y con un reparto equitativo de responsabilidades. La Comisión redoblará sus esfuerzos, junto con los Estados miembros, para aumentar la cooperación con los socios internacionales con el fin de:

- promover asociaciones globales y mutuamente beneficiosas que garanticen una cooperación en materia de migración eficaz y basada en los derechos;

- utilizar incentivos y palancas en todos los sectores y ámbitos de políticas públicas, como la política de visados, el comercio y el apoyo financiero;

- aplicar un planteamiento que tenga en cuenta la ruta en su totalidad que ayude a los socios a construir marcos de migración y asilo resilientes y humanos, entre otras cosas proporcionando protección más cerca de los países de origen. Los centros polivalentes a lo largo de las rutas pueden ofrecer formas innovadoras de gestionar la migración con los países socios;

- seguir intensificando la lucha mundial contra el tráfico ilícito de migrantes para prevenir viajes peligrosos, por ejemplo a través de la Alianza Mundial reforzada, nuevas herramientas para rastrear las actividades financieras digitales e ilícitas y un nuevo régimen de sanciones;

- promover vías de protección y apoyar los retornos desde terceros países, para ayudar a reducir la presión sobre los socios y protegerlos de los abusos de los traficantes.

· Fronteras de la UE sólidas para mejorar el control y la seguridad

Para la política migratoria de la UE y a fin de preservar el espacio Schengen es fundamental contar con unas fronteras de la UE sólidas que garanticen un control eficaz de quién entra en nuestra Unión. Con objeto de mantener y seguir intensificando los progresos realizados hasta la fecha:

- implantaremos el sistema digital de gestión de fronteras más avanzado del mundo, con el despliegue del Sistema de Entradas y Salidas (SES) y la puesta en marcha del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV);

- examinaremos todas las llegadas ilegales a la Unión y aplicaremos procedimientos fronterizos en nuestras fronteras exteriores en virtud del Pacto a partir de junio de este año;

- continuaremos reforzando el papel de Frontex mediante una revisión de su Reglamento de base.

· Un sistema de asilo y migración firme, justo y adaptable

El Pacto sobre Migración y Asilo es el fundamento de la política de asilo y migración de la Unión Europea y garantiza una mayor protección de las fronteras exteriores, normas estrictas contra los abusos y un equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Su aplicación, puesta en práctica y desarrollo ulterior exigirán una atención continua en los próximos años. Esto supone:

- ayudar a las autoridades nacionales en la aplicación de las nuevas normas con equipos específicos de la Comisión para cada país y 3 000 millones de euros suplementarios de financiación para establecer procedimientos eficientes y mejorar la capacidad de prevención de movimientos secundarios no autorizados;

- tras la adopción del primer contingente de solidaridad, garantizar la continuidad de la solidaridad para los Estados miembros sometidos a presión;

- seguir reforzando y complementando el Pacto para adaptarse a los nuevos retos, por ejemplo, con la modificación del concepto de tercer país seguro, la lista de la UE de países de origen seguros y la exploración de medidas suplementarias para introducir aspectos innovadores.

· Retorno y readmisión más eficaces

Un retorno rápido, eficaz y digno es indispensable para el buen funcionamiento y la credibilidad de nuestro sistema de migración y asilo. Dado que actualmente solo regresan realmente alrededor de una cuarta parte de las personas a las que se ordena abandonar la UE, es urgente aumentar la eficacia del sistema de retorno de la Unión. Para ello, seguiremos trabajando en:

- la creación de un sistema europeo común de retorno, basado en la propuesta de Reglamento sobre retorno —que se encuentra actualmente en fase de negociación—, con normas más eficientes, procesos digitalizados y nuevos aspectos innovadores, como la creación de centros de retorno.

- la mejora de la readmisión por parte de terceros países, utilizando y reforzando el conjunto de instrumentos de la UE para promover la cooperación.

· Movilidad laboral y del talento para impulsar la competitividad

En los próximos cinco años, en muchos sectores clave se acentuarán el déficit de competencias y la escasez de mano de obra, impulsados también por la dinámica demográfica. La Unión Europea debe aspirar a convertirse en el lugar más atractivo de la carrera mundial por el talento. Para ello, será necesario:

- ampliar las asociaciones actuales en materia de talento, poner en marcha otras nuevas e integrar plenamente la adquisición de talentos en la cooperación global de la UE con los países socios;

- simplificar las normas y acelerar el proceso para atraer las competencias que Europa necesita, en particular en lo tocante al reconocimiento y la convalidación de cualificaciones y competencias;

- luchar contra el empleo ilegal y la explotación de los trabajadores migrantes y mejorar la integración en los Estados miembros de acogida, con aportación de financiación de la UE.

La Estrategia también promueve el pleno uso del potencial de la digitalización y la inteligencia artificial en la gestión del asilo y la migración, y prevé la creación este mismo año de un Foro sobre IA en la migración. 

El objetivo es proporcionar a los Estados miembros herramientas modernas, más seguras y eficientes para mejorar la calidad, la coherencia y la oportunidad de la toma de decisiones, así como reforzar la seguridad, al tiempo que se mejoran los servicios a las personas.

Para apoyar la aplicación de esta Estrategia, se hará un uso estratégico de la financiación de la Unión, tal como se establece en las propuestas de la Comisión para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034. 

Esto incluye una propuesta para dedicar un importe total de al menos 81 000 millones de euros a las políticas de asuntos de interior y un instrumento Europa Global, diseñado para ajustarse a un planteamiento más estratégico de las asociaciones internacionales, en consonancia con los intereses estratégicos de la UE, también en materia de migración. 

Las agencias de la UE prestarán un apoyo operativo reforzado a los Estados miembros.

Todas las acciones previstas en el marco de la Estrategia parten del respeto de los derechos fundamentales de conformidad con la Carta y se ajustan a nuestras obligaciones internacionales.

Contexto

El Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración exige a los Estados miembros que dispongan de estrategias nacionales para garantizar su capacidad de aplicar eficazmente su sistema de gestión del asilo y la migración. 

También exige a la Comisión que elabore una Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración a largo plazo en la que se establezca el planteamiento estratégico que garantice la aplicación coherente a escala de la Unión de las estrategias nacionales. 

La Estrategia tiene en cuenta las opiniones expresadas por el Parlamento Europeo, los Estados miembros y diversas partes interesadas, así como los conocimientos especializados de las agencias de la UE. 

La Generalitat se desentiende de la adjudicación de las viviendas protegidas de Alicante: «No hay ninguna relación»

 

https://www.todoalicante.es/alicante-ciudad/generalitat-desentiende-adjudicacion-viviendas-protegidas-alicante-ninguna-20260131142930-nt.html

El Consell trabaja para establecer en la Comunitat una agencia europea de predicción climática

 
https://www.todoalicante.es/alicante-provincia/consell-trabaja-establecer-comunitat-agencia-europea-prediccion-20260128072325-nt.html

La Generalitat pide a los ayuntamientos que busquen otras soluciones para familias vulnerables ante la falta de vivienda pública

 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/generalitat-pide-ayuntamientos-busquen-soluciones-familias-vulnerables-falta-vivienda-publica_1_12939067.html



Una nueva manifestación por la dana pide que Mazón entregue el acta al grito de “Feijóo y Mazón cómplices son”

 
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/manifestacion-dana-pide-mazon-entregue-acta-grito-feijoo-mazon-complices-son_1_12953026.html

Pérez Llorca declara participaciones en dos empresas familiares propietarias de ocho viviendas

 
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/perez-llorca-declara-participaciones-empresas-familiares-propietarias-ocho-viviendas_1_12950399.html



El eurodiputado de Compromís dispone de nueve asistentes: de exaltos cargos de la Generalitat a dirigentes de Más Madrid

 
https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20260131/eurodiputado-compromis-dispone-nueve-asistentes-exaltos-cargos-generalitat-dirigentes-madrid_379205.html



Aemet señala dónde va a llover la próxima semana en la Comunidad Valenciana y activa el aviso amarillo para el lunes

 
https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20260131/aemet-senala-donde-llover-proxima-semana-comunidad-valenciana-activa-aviso-amarillo-lunes_380410.html

¿El alcalde lo sabía? / Andrés Maestre

 https://alicantealdia.es/el-alcalde-sabia/

No, la Iglesia no apoya la inmigración ilegal, son los obispos que se lucran con ella / Carlos Balén

 No, la Iglesia no apoya la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Quien la apoya es una parte del episcopado español. Y confundir ambas cosas no es un error inocente: es una falsificación eclesiológica.

Cada vez que un medio titula que “la Iglesia” respalda una medida concreta del Gobierno, se consuma una trampa conceptual que beneficia a todos menos a los fieles. Porque la Iglesia no es la Conferencia Episcopal. Ni la Conferencia Episcopal manda sobre la Iglesia. Ni mucho menos habla automáticamente en su nombre cuando emite opiniones políticas.

La doctrina católica es clara y está perfectamente definida. En la Iglesia hay una distinción de misiones. A los obispos les corresponde enseñar la fe, custodiar la doctrina, santificar mediante los sacramentos y gobernar en lo estrictamente eclesial. A los laicos, en cambio, les corresponde una tarea específica y propia: ordenar las realidades temporales conforme al Evangelio.

Eso incluye la política, la economía, la legislación, la organización social. Es decir: justo el terreno en el que hoy vemos a los obispos ocupar el espacio que no les corresponde, mientras desautorizan de facto —aunque no lo digan— a los laicos que sí tienen competencia directa en esas materias.

Cuando un obispo presenta como moralmente indiscutible una regularización masiva decidida por un Gobierno concreto, no está ejerciendo su magisterio. Está emitiendo una opinión prudencial. Y las opiniones prudenciales no obligan en conciencia. Ni a los fieles, ni a los laicos, ni a nadie.

Más aún: cuando esa opinión coincide milimétricamente con el marco ideológico de un poder político que legisla de forma sistemática contra la ley natural y contra la fe católica, el problema ya no es solo de competencia, sino de escándalo.

Los laicos católicos no están llamados a repetir comunicados episcopales como loros piadosos. Están llamados a juzgar la realidad política con la razón iluminada por la fe, a discrepar legítimamente cuando una medida perjudica el bien común y a defender soluciones distintas sin sentirse culpables ni desobedientes.

Decir que “la Iglesia apoya la regularización” es una forma burda de silenciar ese legítimo desacuerdo. Es convertir una opción política discutible en un mandato moral inexistente. Es usar la sotana como coartada.

Conviene recordarlo con claridad, aunque moleste: la Iglesia no vota decretos, no redacta BOE ni gestiona fronteras. Y cuando algunos obispos parecen olvidarlo, no están hablando en nombre de la Iglesia, sino en nombre propio.

Confundir ambas cosas no es comunión. Es clericalismo. Y del malo.