viernes, 19 de febrero de 2010

Alborch dice que el Ayuntamiento "debe atenerse a la orden ministerial y acabar con el expolio" del Cabanyal

VALENCIA.- La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, destacó hoy que el equipo de gobierno local "debe atenerse a la orden del Ministerio de Cultura y acabar con el expolio" en el barrio valenciano de El Cabanyal.

Alborch se expresó en estos términos en un comunicado en respuesta a la pretensión manifestada por Barberá de continuar con los derribos en el barrio, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el decreto-ley aprobado por el Consell para dejar sin efecto la orden ministerial.

La concejal del PSPV recordó que el Constitucional "ha suspendido el decreto-ley" por lo que, según dijo, el Ayuntamiento, "en consecuencia, debe paralizar los derribos". "La orden ministerial cobra plena vigencia y también la obligación de suspender la prolongación de Blasco Ibáñez y recuperar El Cabanyal", recalcó, y añadió que Barberá "debe respetar y acatar las normas del Estado de Derecho".

Sobre la declaraciones de la alcaldesa respecto a las cuestiones competenciales, la portavoz socialista recordó a Barberá que "es el Tribunal Constitucional quien se tiene que pronunciar al respecto". De momento, "la orden del ministerio sigue vigente y, con ello, la paralización de los derribos y la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal-Canyamelar".

"De hecho, --añadió Alborch-- el Consejo de Estado ya respaldó por unanimidad la competencia del ministerio para emitir la orden e interponer el recurso contra el decreto ley del Consell".

Además, la portavoz socialista anunció que el pleno del Senado del próximo martes preguntará a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, sobre la posición del Gobierno respecto al PEPRI del Cabanyal tras la "resistencia" mostrada por el Partido Popular a aceptar la orden ministerial y después de que el Tribunal Constitucional suspendiera el decreto-ley aprobado por el Consell.

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