Efectivos de la Comandancia se personaron el miércoles a primera hora de la mañana, en las dependencias consistoriales en busca de documentación relativa a la construcción de casas en suelo rústico no urbanizable en el término municipal.
Los agentes permanecieron durante todo el día de en el ayuntamiento, recopilando varios documentos en cajas, que sacaron a última hora de la tarde, cuando abandonaron el lugar. Este jueves, sobre las 9.00 horas, se reanudaron los registros, y entre las 12 y 12.30 horas concluyeron.
Por el momento, no ha habido ninguna nueva detención, a parte de las realizadas por orden judicial sobre ex alcalde de la localidad valenciana de Montroi, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y otras seis personas. También se ordenó la práctica de entradas y registros simultáneas en la sede del ayuntamiento, así como en siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi.
El ex alcalde de Montroi, Francisco Javier Carrión, del PP, dimitió en mayo de 2006 por la falta de apoyo en la aprobación de los presupuestos y otros temas por parte de la oposición y, en especial, de Unió Valenciana, que habían sido sus socios de gobierno. Al frente de la alcaldía le sustituyó el actual primer edil, el socialista Antonio Polo.
Denuncia de un intermediario
La denuncia de uno de los intermediarios en la compra-venta de terrenos en el municipio valenciano de Montroi, a quien supuestamente se le dejó de pagar unas comisiones, originó la investigación por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas, según informaron fuentes próximas a la investigación.
Este intermediario denunció hace dos o tres años ante el juzgado que no había recibido las comisiones pactadas por la venta de varias parcelas en la localidad, y exigía responsabilidades, indicaron las mismas fuentes.
Además del intermediario, algún promotor también denunció a los compradores de los chalés, todos ellos extranjeros, porque le debían dinero. Según indicaron las mismas fuentes, los compradores pagaron una cierta cantidad, pero se negaron a completarla puesto que no disponían de servicio de luz o agua o alcantarillado.
Los compradores no podían optar a estos servicios puesto que los terrenos en los que se habían construidos sus casas no tenían licencia de edificación ni ningún tipo de autorización. Por este motivo, el consistorio no les daba servicio. Ante esta situación, los compradores denunciaron, ya que "se sentían engañados", según las mismas fuentes.
Tras presentar varios escritos de denuncia, tanto por parte del intermediario, como de los compradores y el promotor, la Fiscalía de Medio Ambiente decidió hace un año abrir una investigación al respecto, que está supervisada por el titular del juzgado de Instrucción número 1 de Picassent.
Las mismas fuentes apuntaron a que el número de casas afectadas podría no ser tan elevado como se ha comentado, ya que supuestamente rondarían la veintena, y afirmaron que tan sólo había una urbanización afectada en la que las casas no tienen las licencias oportunas.
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