El PSPV afirma que las imputaciones más graves contra Carlos Fabra "están aún pendientes"

CASTELLÓN.- El secretario de Organización del PSPV-PSOE de la provincia de Castellón, Francisco Valverde, afirmó hoy que las impuataciones "más graves" contra el presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, "están aún pendientes" ya que, según dijo, el sobreseimiento acordado por la Audiencia en relación con una investigación de un juzgado de Nules, "sólo afecta a una ramificación secundaria de la trama".

Valverde aseguró que su partido es "absolutamente respetuoso" con las decisiones judiciales, y subrayó que no las cuestiona "como hace el PP de forma automática cuando las resoluciones no le son favorables".

El dirigente socialista hizo estas declaraciones en un comunicado tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial de Castellón de sobreseer la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por falsificación de cuños. Por este motivo, pidió al PP que "sea igual de respetuoso con las decisiones que se sigan tomando ahora, en las causas que todavía hay abiertas contra Fabra por tráfico de influencias; delitos contra la administración, cohecho o fraude fiscal, entre otros".

De hecho, el secretario de Organización y diputado provincial, que recordó que la causa sobreseída "es de las más leves a las que se enfrenta Fabra", insistió en que el presidente de la Diputación "aún no ha explicado quién le ingresaba más de 600.000 euros en metálico o en cheques al portador en sus cuentas bancarias, en un solo año, ejercicio, por cierto, en el que la declaración de la renta le salió a devolver 4.000 euros, cuando en realidad, según la propia Agencia Tributaria, tenía que haber pagado 150.000 euros".

Por estos motivos, insistió en que el sobreseimiento acordado por la Audiencia Provincial "no altera en ningún caso las graves imputaciones que pesan sobre Fabra, ya que el escándalo hace referencia principalmente al presunto tráfico de influencias que cometió en la etapa de José María Aznar, cuando habría utilizado sus relaciones con los ministerios para agilizar la concesión de licencias de fitosanitarios; y al presunto fraude fiscal, fruto de los extraordinarios ingresos que obtuvo en los años en los que se concedían esas licencias".