martes, 21 de septiembre de 2010

AVE reclama administraciones más eficientes y menor déficit

VALENCIA.- La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) reclama que se reformen las administraciones central, autonómica y local para "incrementar su eficiencia" y ponerlas "al día" de pagos, y que se acometa una "reducción del déficit público y reestructuración del gasto", mediante la eliminación de "gastos superfluos", la generalización del "copago" en educación y sanidad, el impulso de la "colaboración público-privada" y la "reducción, reestructuración o privatización" de "actividades no estratégicas" o "deficitarias".

En concreto, insta a la Generalitat a llevar a cabo la "reestructuración, saneamiento, cambio en la gestión, cierre y/o privatización, si procede, de empresas y entes públicos en déficit estructural con el objetivo de eliminar esta carga".

Así lo ha señalado el presidente de AVE, Francisco Pons, durante la presentación del documento 'Estrategia de reactivación y competitividad de la economía valenciana', en el que propone una serie de "actuaciones urgentes y prioritarias" a fin de "salir del actual estado de desconcierto", "falta de liderazgo" y "desequilibrio estructural" de la economía, y generar así los "resortes básicos" para "construir una economía más competitiva y sostenible".

En resumen, aboga por acelerar el proceso de construcción de la Unión Europea; promocionar la contratación y generación de empleo de calidad; controlar precios y costes salariales; reformar la Administración; reducir el déficit y reestructurar el gasto; unificar la legislación de las distintas comunidades autónomas; reformar el sistema educativo; impulsar el cambio del sistema productivo e incrementar el tamaño empresarial; garantizar la financiación a empresas y familias; y reorientar la política energética.

AVE considera que, para afrontar el desempleo que constituye el principal problema que sufren España y la Comunitat, es necesario contar con "una economía competitiva" que tenga como fuerzas motrices de la reactivación a las exportaciones y la inversión productiva, en un contexto de "pérdida de competitividad" y "desindustrialización".

Respecto a la reforma de la Administración, pide que la estatal simplifique las tramitaciones; instaure un sistema de gestión por objetivos y gestión de la calidad, con remuneración variable de los funcionarios, auditorías y sistemas de evaluación del personal; fomente la elaboración participativa de políticas y procedimientos públicos, y sea "promotora e incentivadora", entre otras cuestiones.

En el caso del "saneamiento" de la Generalitat, también aboga por reducir cargos, asesores, organismos "no estratégicos", ayudas "con débil retorno social y económico" y gastos de representación; eliminar solapamientos; limitar el déficit y endeudamiento; generalizar el copago en función del nivel de renta; establecer sistemas que garanticen la transparencia de las cuentas públicas, y "recurrir a la externalización y gestión público-privada cuando la función lo permite y la relación calidad-precio lo aconseja".

En cuanto a la generalización del copago, ha recalcado que el modelo debería ser diseñado por expertos y variar en función del nivel de renta, con el objetivo de "evitar abusos" en sanidad y en cuestiones como la financiación de los estudios universitarios que, a su juicio, deberían tener un "límite de finalización".

Pons ha apuntado, en este sentido, que sanidad y educación aglutinan el 80 por ciento de los presupuestos de la Generalitat, por lo que reducir ese porcentaje hasta el 65 por ciento mediante un incremento de la eficiencia y el copago, implicaría contar con "15 puntos más del presupuesto para impulsar la economía en otras áreas".

Por otro lado, Pons se ha mostrado convencido de que el Consell "va a solucionar" los retrasos en los pagos a sus acreedores porque "tienen ingresos recurrentes y saben que es fundamental crear el hábito de que la administración tiene que pagar en tiempo y forma".

A nivel regional y local, AVE incide en la conveniencia de definir y difundir "una visión ampliamente compartida entre políticos, empresarios, sindicatos y universidades, de hacia dónde se quiere ir, qué priorizar y cómo construir un nuevo modelo de desarrollo económico más sostenible", que "debe traducirse en inspiración movilizadora de los actores económicos, sociales, científicos y tecnológicos y de la Comunitat en su conjunto".

Así, Pons ha abogado por superar la actual "falta de liderazgo" y "articular una coalición de desarrollo, más necesaria que nunca, capaz de desplegar una eficaz acción colectiva y crear un ambiente de confianza" y de "converger en un diálogo único políticos, empresarios y trabajadores para hacer un análisis serio, desapasionado, riguroso, leal y transparente" que pueda "concluir en planes y en proyectos".

Así, ha urgido a "establecer una nueva manera de hacer las cosas" en la que "se abandone el enfrentamiento sistemático" y "se asuma un compromiso que trascienda los intereses personales, inmediatos y de corto plazo", a fin de "construir acuerdos duraderos, crear confianza y trabajar de forma concertada, con transparencia y lealtad".

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