MADRID.- Greenpeace ha criticado que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "como se esperaba" haya renovado la licencia de explotación de la central nuclear de Cofrentes hasta 2021, al considerar "demostrada" la falta de seguridad de la planta, tras la acción "pacífica" de la ONG el pasado martes, cuando varios activistas se encaramaron a la torre de refrigeración y por los "gravísimos problemas" en algunos sistemas de la planta.
Según ha señalado el portavoz de la campaña nuclear de la organización, Carlos Bravo, los activistas se "sorprendieron" de la "facilidad" con que se introdujeron en las instalaciones de la central valenciana ya que los equipos de seguridad "no se dieron cuenta de la presencia hasta que no desplegaron una pancarta".
Además, reconoce que se esperaban la renovación porque, en su opinión, el CSN es un "organismo puramente pronuclear", algo que, según apunta, "ya se vio en el caso de la renovación de la licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), a la que dio el visto bueno para 10 años más, a pesar de las grietas en la vasija del reactor o los problemas en la válvula de alivio".
"En el caso de Cofrentes el CSN estaba encantado con renovar", ha insistido Bravo, que achaca a la planta de Valencia problemas "conocidos" que indican "corrosión" que al "CSN le importan poco" porque, en su opinión, "siempre hace la vista gorda".
Asimismo, ha incidido en que la acción "pacífica" de Greenpeace "deja en evidencia la falta de seguridad de la central" tanto a nivel nacional como internacional. A este respecto, ha manifestado que el anuncio del CSN de que se reforzarán las medidas de seguridad "efectivamente" les da la razón a los ecologistas tras su acción.
En todo caso, afirma que tanto el ministro de Industria, Turismo y Comercios, Miguel Sebastián, como la Delegación del Gobierno en Valencia se dedicaron a "mentir" este martes, cuando acusaron a uno de los miembros de Greenpeace de amenazar a un miembro de la central con una radial. En ese sentido, ha anunciado que tomarán medidas legales para exigir al Gobierno que se retracte.
"Nuestras acciones son pacíficas, pero hay un grave riesgo de que un terrorista pueda entrar", ha advertido Bravo, quien se ha referido también a un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reflejado por Wikileaks, en el que se "reconoce" que el mayor daño que se puede hacer a España es atacar una central nuclear.
Por otro lado, ha culpado directamente a Miguel Sebastián por ser "el ministro más vendido de la democracia los intereses de la industria nuclear" así como de estar en "un callejón sin salida" para favorecer a la industria nuclear.
"Ahora está mendigando a las comunidades autónomas que le dejen hacer el almacén temporal centralizado (ATC). Está vendido a estos intereses", ha denunciado Bravo, que recuerda que no existen proyectos técnicos ni de seguridad. "Es patético y la decisión será objeto de nuevos recursos legales", ha apostillado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario