VALENCIA.- Agentes de la Policía Nacional han registrando la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación, ubicada en la calle del Pozo, dentro de la investigación abierta respecto a subvenciones otorgadas por la extinta Conselleria de Solidaridad a distintas fundaciones, según han informado fuentes conocedoras del procedimiento. Estos registros han tenido lugar después de la detención del director general de Cooperación, Josep María Felip.
Esta operación la lleva el juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, que abrió el pasado mes de mayo una causa contra varias personas, entre ellas funcionarios, por supuesto fraude en la concesión de subvenciones. El procedimiento lo abrió tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.
En concreto, el juzgado investiga los delitos de fraude en la concesión de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental y otros. A lo largo de la mañana se han practicado varias detenciones, entre ellas la del director de Cooperación, Josep María Felip, y se han ordenado diferentes entradas y registros. La causa está bajo secreto.
Al respecto, el ministerio público abrió una investigación por este asunto en octubre de 2010, tras recibir una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Conselleria de Solidaridad --cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Corts-- a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que --según mantenía-- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --así como de los grupos parlamentarios-- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunitat, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.
Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la conselleria de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.
Diez detenidos
El número de personas detenidas en la investigación abierta en relación con las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a las fundaciones Cyes y Hemisferio en el año 2008 asciende a 10, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento, quienes han precisado que no se descartan que se practiquen más arrestos.
La primera de las detenciones conocidas este jueves ha sido la del director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad, dirigido por el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco. A Felip se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
Las mismas fuentes han confirmado los nombres de otros cinco detenidos, que son el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni.
Asimismo, en la causa figura como imputado el subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que anteriormente ocupó este mismo cargo, primero en la Consejería de Inmigración y Ciudadanía, y más tarde en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigidas por el exconseller Rafael Blasco.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tras tener conocimiento de estos hechos, ha anunciado el cese tanto de Catalá como de Felip, ya que se han generado "dudas" sobre la utilización de los fondos que tenía que destinarse a cooperación al desarrollo, y "no podemos permitir que se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno", ha dicho.
Fabra también ha asegurado sentirse "engañado" si "realmente esto da los resultados que se están pudiendo ver en estos momentos", y ha añadido que "si ha habido una persona que ha utilizado fondos de forma irregular, también está haciendo daño a su ejecución", ya que "esos fondos tenían que ir a lo que se necesitaba, que era para la cooperación al desarrollo, no para otras cosas", ha aseverado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga este caso desde mayo del pasado año, tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción de Valencia. La causa está bajo secreto, aunque sí que se ha confirmado que está abierta contra "varias personas", entre ellas funcionarios, y que se han ordenado diferentes entradas y registros domiciliarios. Uno de ellos, según fuentes próximas al caso, ha sido en la sede de la Dirección General de Cooperación, en la calle del Pozo, donde trabajaba Felip.
Fiscalía abrió una investigación en octubre de 2010, cuando recibió una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad --cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Corts-- a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que --según mantenía-- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana --así como de los grupos parlamentarios-- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.
Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la consejera de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.
Diez detenidos
El número de personas detenidas en la investigación abierta en relación con las subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a las fundaciones Cyes y Hemisferio en el año 2008 asciende a 10, según han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento, quienes han precisado que no se descartan que se practiquen más arrestos.
La primera de las detenciones conocidas este jueves ha sido la del director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad, dirigido por el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco. A Felip se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
Las mismas fuentes han confirmado los nombres de otros cinco detenidos, que son el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni.
Asimismo, en la causa figura como imputado el subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que anteriormente ocupó este mismo cargo, primero en la Consejería de Inmigración y Ciudadanía, y más tarde en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigidas por el exconseller Rafael Blasco.
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tras tener conocimiento de estos hechos, ha anunciado el cese tanto de Catalá como de Felip, ya que se han generado "dudas" sobre la utilización de los fondos que tenía que destinarse a cooperación al desarrollo, y "no podemos permitir que se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno", ha dicho.
Fabra también ha asegurado sentirse "engañado" si "realmente esto da los resultados que se están pudiendo ver en estos momentos", y ha añadido que "si ha habido una persona que ha utilizado fondos de forma irregular, también está haciendo daño a su ejecución", ya que "esos fondos tenían que ir a lo que se necesitaba, que era para la cooperación al desarrollo, no para otras cosas", ha aseverado.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha informado que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga este caso desde mayo del pasado año, tras una denuncia de Fiscalía Anticorrupción de Valencia. La causa está bajo secreto, aunque sí que se ha confirmado que está abierta contra "varias personas", entre ellas funcionarios, y que se han ordenado diferentes entradas y registros domiciliarios. Uno de ellos, según fuentes próximas al caso, ha sido en la sede de la Dirección General de Cooperación, en la calle del Pozo, donde trabajaba Felip.
Fiscalía abrió una investigación en octubre de 2010, cuando recibió una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad --cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Corts-- a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que --según mantenía-- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana --así como de los grupos parlamentarios-- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.
Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la consejera de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.
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