Lo vivido esta semana en Valencia no suena a nuevo, en absoluto. La corrupción rampante
en el PP era cosa más que sabida. Otra cosa es la oportunidad política
de su revival mientras se negocia la formación de un nuevo gobierno a
nivel nacional. Todo esto ha sido necesario para recordar a Albert
Rivera y Ciudadanos que el PP de Rajoy es una estructura corrupta
tanto en Madrid como en Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana.
Es
decir, casi en toda España y con pocas excepciones. Sólo así, el joven
catalán tendrá muy difícil cambiar su mensaje de campaña y apoyar ahora
un nuevo gobierno con Rajoy a la cabeza. Las encuestas comienzan a
pasarle factura por decir diego donde dije digo mientras el riesgo de su
desaparición se acentúa en caso de nuevas elecciones.
Quien
es Rus se sabía. Que la jefa es Rita se sabía. Que la estructura del PP
de Valencia es tan corrupta, o más, que las de Castellón o Alicante, se
sabía. Que el PP en la Comunidad Valenciana ha quedado reducido
prácticamente a una banda mafiosa de poca monta tras su impresionande
derrota electoral del pasado mayo, se sabía.
Ahora sólo queda que la
Judicatura asuma su papel constitucional y deje fuera de la Ley una
estructura que choca con el Estado de derecho y con el sistema
democrático. Sólo así obligará a su refundación -que no refundición- y
dejará a quienes han conducido el PP valenciano a esta situación inermes
ante los tribunales de justicia, que ahora tienen que jugar su papel en
defensa de toda la sociedad valenciana.
Es
ésta una oportunidad, no para la vendetta política, y sí para la
regeneración de la democracia regional tras el paso por ella de
indeseables como Rus, Camps, Blasco, Consuelo Císcar... y toda la
cohorte que les ha jaleado y seguido. Nunca más esta clase de gentuza en
la vida pública valenciana. Y es la hora de que los aforados también
sean desenmascarados y renuncien a sus escaños en favor de esa
regeneración pública que es tan urgente como necesaria e indispensable.
Rita
Barberá y Gerardo Camps no deben parapetarse ni un minuto más en su
condición de privilegio ni el juez de guardia actuar cohibido ante la
envegadura de lo que tiene delante, después del esfuerzo y valentía de
los fiscales anticorrupción y de la Guardia Civil. La operación ni puede
abortarse ni quedar inconclusa por pura exigencia de esa sociedad
valenciana que ya no admite más contemplaciones.
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