VALENCIA.- La que fuera alto cargo de Presidencia en la época de Eduardo Zaplana y
exdirectora de Canal 9, Genoveva Reig, se negó a recibir un
requerimiento judicial que le pretendía entregar la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en cumplimiento de la decisión de
la juez que investiga el caso Erial de reclamar información a
determinadas empresas al sospechar que Juan Francisco García, exjefe de
Gabinete del expresidente de la Generalitat, pudo disponer de más dinero
en metálico cuya procedencia no tiene origen conocido en los ingresos
que pudiera haber obtenido en su actividad profesional.
Así consta en un oficio de la OCU
al juzgado, en el que los
agentes comunican que no han podido cumplimentar el requerimiento
judicial dado que Reig, administradora y socia única de la mercantil a
la que se pedía documentación, Albero Comunicación S.L., "se negó a
recepcionar" ese mandamiento.
La
magistrada, en uno de los autos, señala que, al analizar la
documentación recibida de una comisión rogatoria a Andorra, se confirma
"más si cabe" la vinculación de Juan Francisco García con los productos
bancarios localizados en ese país y que constan a nombre de sociedades
objeto de investigación y de investigados, en especial, Joaquín Miguel
Barceló -considerado el presunto testaferro de Zaplana- y sociedades
como Plaza Fountins, Puncak Servicios o Adua.
Según la investigación, desde
sociedades panameñas como Puncak se transfirierpn hasta 1,5 millones de
euros a Imison Internacional, con sede en Luxemburgo y en la que se
materializó dinero de los "sobornos" de los que presuntamente se
benefició el exministro, entre otros, por las adjudicaciones del Plan
Eólico de 2003 y de las ITV en 1997, que recayeron en empresas
vinculadas a la familia Cotino.
Sin
embargo, señala que entre los apuntes bancarios localizados en
registros relacionados con Barceló, se encuentran anotaciones que hacen
referencia presuntamente a García, con cantidades como 833.500 euros o
952.400, coincidiendo las cantidades con los movimientos de Plaza
Fountains y las otras sociedades, utilizándose para esos movimientos el
sistema de compensación de fondos.
Además,
del análisis de los mensajes cruzados entre investigados y de las
agendas intervenidas a Zaplana, se infiere la existencia de reuniones
entre ellos, sobre las fechas de los movimientos bancarios realizados en
los productos bancarios andorranos, presuntamente para dar cuenta de
ellas al expresidente.
Asimismo, se presume el uso de importantes
cantidades de dinero de Andorra para gastos de naturaleza personal de
García.
Por este motivo, la
jueza ve procedente librar mandamientos para determinar cómo se
materializaron una serie de pagos por servicios prestados por una serie
de mercantiles -tanto a Dobles Figuras Consultores como a Juan Francisco
García- como "debiendo indicar el servicio o bien con el que se
corresponden los pagos, importe real de los mismos, facturación que los
soporta, forma en la que se materializaron, persona de contacto en la
contratación del servicio o en la adquisición del bien, lugar donde se
llevaron a cabo los servicios en su caso", etc.
Según
un escrito del fiscal, la utilización de la sociedad Dobles Figuras,
"sin una aparente y conocida actividad, sin trabajadores y que soporta
determinados gastos y recibe ingresos sin justificar relación mercantil
efectiva, evidencian la necesidad de ahondar el análisis" de los datos
solicitados por la Guardia Civil.
Los
mandamientos van dirigidos a Europa Travel, con pagos imputados sobre
Dobles Figuras durante diez años, que oscilan entre los 4.197 y los
21.853 euros; Viajes Benimàmet, por 6.660 en 2005; Viajes Tecnitravel,
de 3.078 en el mismo año; Vima Tours, de 5.214 en 2006 y 3.053 en 2007;
Expedición Privada Transafricana, de 7.136 euros a García en 2016; de
Tres Continentes, de 9.002 euros en 2008, 23.632 en 2009 y 12.620 en
2010 al exjefe de Gabinete; Estudio Viveros, de 7.151 a Dobles Figuras
en 2017; Albero Comunicación, 29.600 euros en 2005 y 9.512 a la empresa e
Instalaciones Reunidas Valencianas, con pagos imputados de 24.785 y
19.810 a la misma compañía en 2006 y 2007.
Los
agentes trataron de llevar a cabo este mandamiento con Albero
Comunicación pero ni vía telefónica ni presencialmente lo consiguieron.
Posteriormente, en el domicilio de Genoveva Reig, que figura como
administradora y socia única de esta empresa, ella misma fue informada
de la existencia de un requerimiento judicial de documentación y "se
negó a recepcionar" ese mandamiento, según comunican los agentes al
juzgado.
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