VALENCIA.- El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de
2024 en la Comunitat Valenciana ha sido de 1.006, cifra que supone un
7,7% menos que en el mismo trimestre de 2023, según se desprende de un
informe publicado este miércoles por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) y que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat (TSJCV).
De estos desahucios, 497 se practicaron en
la provincia de Valencia, 412 en la de Alicante y los restantes 97 en
la de Castellón. El 70 % de esos lanzamientos, 705, fue consecuencia de
procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU),
mientras que otros 253 -el 25,15% del total- se derivó de ejecuciones
hipotecarias. Los 48 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se
redujeron un 12,2 % durante el periodo analizado en la Comunidad
Valenciana. Por su parte, los lanzamientos consecuencia de ejecuciones
hipotecarias aumentaron un 0,8%. Los derivados de otras causas, que
fueron 48, se incrementaron un 33,3%.
Cataluña --con 2.091
lanzamientos, el 26,6% del total nacional-- ha sido la comunidad
autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo
trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunitat
Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.
Atendiendo solo a
los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en
el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8 % del
total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunitat
Valenciana, con 705.
En cuanto a los derivados de ejecuciones
hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunitat
Valenciana, 253 y en Murcia, 129.
El informe incluye también
el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de
notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este
servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato
permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos.
Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común
no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los
datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a
los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 en territorio
valenciano fue de 2.246, un 3,6% menos que en mismo trimestre de 2023.
De ellos, 1.166 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa
una reducción interanual del 6,7%.
En el segundo trimestre del año se presentaron en los juzgados
valencianos un total de 862 ejecuciones hipotecarias, un 5% más que en
el mismo periodo de 2023. Por provincias, 416 de ellas se presentaron
ante los órganos judiciales de la provincia de Alicante mientras que 363
lo hicieron en la provincia de Valencia y las restantes 83 en la de
Castellón.
En la comparativa nacional, el mayor número se dio
en Andalucía, con 1.238, un 22,6 % del total nacional. Le siguieron
Cataluña, con 1.122; la Comunitat Valenciana, con 862; y Madrid, con
529.
Sin embargo, si se pone el número de ejecuciones
hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia,
con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunitat Valenciana, con 16,1 y
Andalucía, con 14,1.
Por otra parte, el informe proporciona
información sobre las demandas de despido. En el segundo trimestre de
2024, se presentaron en territorio valenciano 5.405, un 19,7% más que en
el mismo trimestre de 2023. De ellas, 3.260 se presentaron en la
provincia de Valencia, 1.770 en la de Alicante y 375 en la de Castellón.
Madrid, con 8.361, que representa el 20,1 % del total nacional, fue
el territorio en el que se presentaron más demandas de este tipo. Le
siguen Cataluña, con 7.544; Andalucía, con 6.996 y la Comunidad
Valenciana, con las citadas 5.405.
Los procedimientos
monitorios presentados en el segundo trimestre de este año en los
Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la
comunidad Valenciana sumaron 32.470, lo que supone un descenso
interanual del 7,1%. Por provincias, en la de Valencia se presentaron
16.478, en la de Alicante, 12.989 y los restantes 3.003 se presentaron
en la provincia de Castellón.
La mayor utilización de este
tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 56.469; Madrid, con
49.142; Cataluña, con 34.770 y la Comunidad Valenciana, con 32.470. El
procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas,
determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en
concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles
urbanos.
Bajan un 25,5% de los verbales posesorios por ocupación ilegal de
viviendas La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la
ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la
Ley de enjuiciamiento Civil.
Desde el tercer trimestre de
2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales
posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que
los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o
entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el
segundo trimestre de 2024 ingresaron en la Comunitat Valenciana 102
procedimientos de este tipo, un 25,5% menos que el año anterior. Por
provincias, 63 correspondieron a la de Alicante, 29 a la de Valencia y
10 a la provincia de Castellón.
A nivel nacional ,en Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunitat Valenciana, con 102.
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