VALENCIA.- El Gobierno valenciano, del PP, volverá a modificar la legislación de
transparencia, buen gobierno y participación para reducir los controles a
la acción de la administración pública. El pleno del Consell ha
aprobado el pasado martes el anteproyecto de ley de medidas fiscales, también
conocida como 'ley de acompañamiento de los presupuestos', que recoge
varios apartados en los que reduce los controles a la acción de
gobierno, según adelanta www.eldiario.es
En la propuesta normativa publicada -referida a la fase de exposición pública- el Consell de Carlos Mazón propone una reducción de la fiscalización a las empresas con las que contrate la administración pública, además de un menor control de las leyes en tramitación.
El anteproyecto de ley para 2025 modifica la ley de participación para evitar el proceso de consulta pública previa si la norma que se tramita tiene carácter urgente o regula “aspectos parciales” de una materia.
En concreto, en el punto en el que se establecen las excepciones a la participación en los trámites, se añade un apartado que dice: “Se podrá también prescindir de la consulta pública previa cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a las personas destinatarias o regule aspectos parciales de una materia, así como en los procedimientos declarados de urgencia”.
Se requerirá una justificación (un informe) para saltarse este trámite. El Gobierno de Mazón ha tramitado por la vía urgente la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones o el decreto de Simplificación Administrativa, entre otras normas.
El anteproyecto de ley modifica la obligación de publicar los anteproyectos de ley, proyectos de decretos legislativos y proyectos de reglamento que se encuentren en tramitación, con un cambio en la ley de transparencia. La nueva redacción propuesta por el Consell -que puede modificarse en la tramitación- dice que se deberán hacer públicas “cuando se soliciten los informes y dictámenes preceptivos a los órganos consultivos correspondientes.
En el caso en que no sea preceptivo informe o dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación”. Después, añade: se publicarán “las memorias, informes y dictámenes que conforman el expediente de elaboración de las normas que han sido aprobadas, una vez finalizada la tramitación del proyecto normativo”.
En lo relativo a la contratación, se elimina la obligación de publicar la relación de los puestos de trabajo y la categoría profesional del personal de las empresas adjudicatarias de contratos que realizan una actividad, servicio u obra con carácter permanente en una dependencia o establecimiento público, así como el régimen de dedicación, el régimen retributivo y las tareas realizadas.
En materia de contratación pública, se elimina la obligación de “publicar el grado de cumplimiento de las obligaciones sociales, medioambientales y laborales” de los adjudicatarios, aunque se añade un apartado relativo a las cláusulas de responsabilidad social y se prevé que, en los datos que deben hacerse públicos en los contratos de concesión de servicios, se publique “la exigencia de transparencia contenida en este artículo tiene que quedar expresamente incluida en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
El anteproyecto prevé la creación de una “Unidad valenciana de concordia”, que estará adscrita a la Conselleria de Justicia. Este departamento estaba previsto en la ley impulsada por Vox -que el Gobierno recurrirá al Constitucional- y, según el anteproyecto normativo, “gozará de autonomía funcional”.
También se llevará a cabo un catálogo de vestigios con personas expertas de las conselleries competentes en protección del patrimonio cultural y de concordia. Vox considera un “gesto” que el Consell de Mazón aprobase su ley, que deroga la norma en materia de memoria histórica, y manifiesta que lo tendrán en consideración al decidir si apoyan los presupuestos.
El artículo 219 de la ley de acompañamiento va en la línea de dejar sin efecto la legislación proteccionista en materia de urbanismo aprobada por el Gobierno del Pacto del Botánico para fomentar y facilitar los desarrollos. En este sentido, introduce salvedades en el artículo 31 de la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de la Generalitat, de la Huerta de Valencia, por las cuales se podría desclasificar huerta protegida para levantar edificaciones en hasta un 50% de superficie de los terrenos,
En concreto, hasta ahora el mencionado artículo referido a la ordenación de los enclaves de recuperación de l'Horta de Valencia establecía que “se podrá rehabilitar la edificación preexistente o edificar, como máximo, la misma superficie ocupada en planta por las edificaciones ruinosas y en malestado preexistentes, con altura máxima de planta baja más una planta.
La superficie restante de este tercio que puede tener uso residencial o terciario, que no sea ocupada por edificaciones, podrá destinarse a uso agrario o a usos complementarios de la edificación, siempre que no comporte la realización de obras sobre rasante y respete el paisaje tradicional de huerta.
En los enclaves de recuperación de Huerta que sean suelos sellados sin edificaciones o escasa presencia de las mismas, se podrá edificar como máximo el 10% de la superficie del enclave de recuperación de huerta con las condiciones mencionadas. El uso no agrario del suelo no podrá superar el 15% de la superficie del enclave de recuperación de Huerta. En ambos casos, las edificaciones se adaptarán a los parámetros constructivos determinados por el plan de acción territorial”.
Con ley de acompañamiento se añade que “en todo caso, por la conselleria competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio podrá eximirse, razonadamente, de aquellas limitaciones de uso y aprovechamiento impuestas con carácter general por el citado plan de acción territorial o por esta ley que impidan o dificulten gravemente la declaración de enclaves de recuperación, debiendo mantenerse en todo caso destinado a uso agrario un porcentaje de superficie de la parcela libre de ocupación del 50%, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística para las actividades terciarias o de servicios en suelo no urbanizable”.
La diputada socialista María José Salvador y exconsellera de esta materia en con el pacto del Botánico considera que “la modificación de la Llei de l’Horta supone dar carta blanca para construir en la huerta con una reclasificación directa de suelo no urbanizable protegido a urbano” y añade: “Esta modificación deja en papel mojado la ley i el PAT de l’Horta. Entra en el marco de la contrarreforma que está llevando a cabo Mazón en materia de ordenación del territorio. Preparando un marco normativo que facilite el negocio y el uso especulativo del suelo”.
La Ley 6/2022, de 5 de diciembre, de la Generalitat, del cambio climático y la transición ecológica de la Comunitat Valenciana es otra de las que más cambios sufre en virtud de la Ley de Acompañamiento y no precisamente para aumentar los objetivos previstos en materia de reducción de emisiones.
Por ejemplo, se suprimen y se vacían los contenido los artículos referidos al Comité de Personas Expertas en Cambio Climático de la Comunitat Valenciana y también se elimina la Asamblea de la Ciudadanía Valenciana por el Clima.
En materia de emisiones, mientras con la actual normativa se establece un objetivo de reducción del al menos el 40% de cara al año 2030, con la modificación introducida se establece que “para el año 2030, al menos, la reducción prevista de acuerdo con los objetivos vinculantes y fijados en el marco nacional de referencia y la Unión Europea”.
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