VALENCIA.- El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y la
Associació de Veïns Cabanyal-Canyamelar han denunciado la "invasión" de
pisos turísticos en este barrio de la ciudad y han urgido a la
Generalitat y al Ayuntamiento a tomar medidas para evitar que los
vecinos sean "expulsados" por no poder pagar el precio de sus viviendas.
Bustinduy ha realizado este viernes por la tarde una visita al barrio
acompañado por la portavoz de Compromís en Valencia, Papi Robles,
después de su reunión con el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto
(PSPV), para colaborar contra prácticas abusivas en el ámbito de los
anuncios ilegales de pisos turísticos.
En cifras, desde la
asociación vecinal indican que en 2023 había 554 apartamentos turísticos
en el Cabanyal, el 5,14% de las viviendas, mientras en 2024 aumentaron
hasta un total de 729 (6,79%), según el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Por tanto, rechazan que se esté paralizando la
apertura de estos pisos o que el problema vaya a menos.
El
presidente de la entidad, Daniel Adell, ha prometido "seguir luchando
para que los apartamentos turísticos ilegales se vayan", ya que ha en
algunos edificios del Cabanyal hay "tensión vecinal" y los vecinos
tienen "miedo a que esto se llene de turistas, a que esto sea un parque
temático".
"No podemos consentir que los hijos del Cabanyal no puedan
vivir en su propio pueblo", ha enfatizado.
Según ha advertido,
la asociación ha recibido "infinidad" de comunicaciones de apartamentos
turísticos ilegales en el barrio, de las que han trasladado 350 casos
al Ayuntamiento. Además, ha denunciado que han sufrido "amenazas" por
comunicar estos hechos.
El representante de los vecinos ha avanzado que plantean dirigirse al
Síndic de Greuges porque "las administraciones valencianas no están
haciendo nada".
"Los apartamentos ilegales son productos defectuosos
para turistas que están quitando la vivienda a muchas personas que
vivían aquí", ha lamentado, y ha puesto como ejemplo un edificio donde
hay pisos turísticos registrados y no registrados y "las juntas de
propietarios se convierten en una lucha del dinero contra el derecho a
vivir".
"No luchamos durante 20 años para que el
Cabanyal-Canyamelar fuera de los vecinos para que ahora sean los
apartamentos turísticos ilegales las que nos quiten el derecho a vivir",
ha reivindicado, y ha agradecido la "lucha" del ministro de Consumo
contra plataformas como Airbnb.
En el conjunto de Valencia,
desde la asociación vecinal señalan que la última vez que se publicó el
registro de la Generalitat había 6.085 apartamentos turísticos en la
ciudad, mientras "la oferta online es de 10.613". Es más, según datos de
la fundación Visit València, solo "hay 1.396 apartamentos turísticos"
con licencia municipal.
Tras la visita al Cabanyal, Bustinduy
ha explicado que quiere "conocer de primera mano la realidad de muchos
barrios, muchas ciudades, todo el país".
"Es un clamor social de
familias, trabajadores, estudiantes expulsados de sus ciudades, que
están viendo cómo sus barrios se convierten en parques temáticos y cómo
las administraciones, en lugar de tomar medidas para proteger el derecho
constitucional, durante demasiado tiempo han sido conniventes o han
practicado incluso dejación de funciones".
Ante esta
situación, ha exigido al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat
"que ejerzan sus competencias, sancionen a las empresas responsables de
la oferta ilegal de pisos turísticos y apliquen la Ley de Vivienda".
En
el caso de esta ciudad, ha asegurado que "los precios de los alquileres
abusivos podrían bajarse mañana mismo", por lo que ha subrayado que
"basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la
vivienda".
Respecto a si
se contempla eliminar por completo los pisos turísticos como plantea el
Ayuntamiento de Barcelona, el ministro ha insistido en la necesidad de
que esta actividad económica cumpla la legalidad, "como cualquier otra",
al tratarse de un sector en el que "unas pocas grandes empresas
obtienen unos beneficios y un lucro completamente obsceno a costa del
derecho de la ciudadanía y sin respetar la normativa".
"A
futuro, por supuesto que planteamos que es necesario intervenir
políticamente el mercado de la vivienda, que necesita regulación. No
puede ser un mercado donde reine la ley del más fuerte y, por tanto, hay
que tomar medidas para que el lucro y el interés de unos pocos no se
imponga sobre el derecho de la mayoría", ha expuesto.
En la
misma línea, la portavoz de Compromís ha denunciado que barrios de
Valencia como el Cabanyal sufren una "invasión" de pisos turísticos,
mientras la alcaldesa, María José Catalá (PP), "en vez de ponerle freno
mira hacia otro lado y se reúne con inversores, que es lo que a ella le
interesa".
Según ha explicado, Compromís trasladó hace un mes al ministro las más
de 4.000 denuncias de apartamentos ilegales en la ciudad, mientras el
actual gobierno local "lleva más de dos años bloqueando el tope del
precio del alquiler y está planteando normativas que permiten que se
continúen abriendo apartamentos turísticos en todos los espacios".
Robles ha exigido al Ayuntamiento medidas contundentes y un plan de
vivienda que dé respuesta directa a esta situación, además de utilizar
la herramienta del tanteo y retracto para poner viviendas a disposición
de los vecinos "y dejar de negociar con grandes inversores y avisarles
antes de poner normativas que le podrían parar los pies".
Preguntada por si fue un error del anterior gobierno municipal
(Compromís-PSPV) autorizar apartamentos en plantas bajas, ha defendido
que su grupo acompañó en el proceso de recuperación del Cabanyal y desde
2019 reclamó una "moratoria absoluta" de pisos turísticos en toda la
ciudad.
También ha advertido de la proliferación de "'co-livings',
'flexi-livingis' y 'pitinguis' más que lo que hacen es invadir
completamente el barrio".
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