VALENCIA.- El abogado del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha secundado la propuesta que hizo el letrado de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y ha solicitado también a la jueza instructora la unificación de las acusaciones en la causa penal por la gestión de la Dana.
La defensa de la exconsellera, que ejerce Eduardo de Urbano,
solicitó a la jueza que imponga la unificación o agrupación de las más
de 40 acusaciones particulares y populares que se han personado en la
causa porque, a su juicio, esta cifra "afecta al buen devenir" del mismo
y causa indefensión a Pradas.
Además de las decenas de acusaciones particulares, que representan
directamente a familiares de las víctimas, están personados varios
partidos (Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís), sindicatos
(FTAP-CGT e Intersindical Valenciana) y asociaciones (Liberum, Acció
Cultural del País Valencià o Mai Més).
El pasado miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de
Catarroja dictó una providencia en la que respondía a esta propuesta a
través de una pregunta al letrado de Pradas sobre la propuesta concreta
de unificación, a la vista de las posturas "claramente divergentes" de
las partes personadas.
Ahora el letrado de Argüeso, José María Bueno, insiste
en esta misma idea de unificación de las acusaciones en un escrito de
trece páginas, que inicia aplaudiendo la
reciente expulsión de la causa de Manos Limpias, una asociación a la que él mismo ha representado en otros procesos.
"Aunque sea una sola, al menos hay una acusación menos a la que hacer
frente", señala este letrado. Aunque anuncia que no recurrirá esta
decisión, lamenta que "su señoría adopte decisiones en base a lo que
puede leer en periódicos o digitales, y no en el material obrante en
autos".
Y es que la instructora justificó la expulsión de Manos Limpias de esta
causa en el hecho de que Bueno representa a su vez a Manos Limpias como
acusación en otros asuntos -entre ellos el que se dirige contra el
hermano de Pedro Sánchez- y llegó a definirse a sí
mismo, en una entrevista en un diario nacional, como "abogado de
referencia" y "jefe de los servicios jurídicos" de esa organización.
Este letrado considera que "la tremenda cantidad de acusaciones, única
en la historia de España, que su señoría está permitiendo limita el
derecho de defensa, pues es imposible poder impugnar recursos de decenas
y decenas de acusadores, contestar y leer todo tipo de escritos y
peticiones de prueba que realizan".
Además, lamenta que "cualquier acto de prueba tiene una duración
excesiva. Interrogatorios que deberían durar menos de una hora, acaban
durando jornadas entera en sesiones de mañana y tarde, y con ello se
retrasa injustificadamente el proceso, y además es imposible a esta
parte poder hacer frente a preguntas de decenas y decenas de
acusadores".
Por otra parte, el abogado advierte: "La misma secretaría del juzgado no
es capaz de llevar a cabo todas las notificaciones de forma correcta, y
ello no es una queja a su funcionamiento, todo lo contrario, no se cómo
pueden hacer frente a la cantidad de citaciones y notificaciones".
Por ello, propone la acumulación de las acusaciones en dos grupos: las
populares, con una sola representación y dirección técnica encabezada
por Podemos, dado que fue la primera parte en personarse; y las
particulares, bajo la representación del letrado que primero se hubiese
personado, salvo que haya alguien que discrepe, en cuyo caso y
"justificada la discrepancia" se le permitiría actuar al margen de la
acusación particular unificada.
La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa penal sobre la gestión de la dana, ha insistido este viernes a la jueza de Catarroja que instruye el caso sobre la necesidad de unificar las acusaciones para agilizar el proceso.
En un escrito, el letrado Eduardo de Urbano argumenta que "dada la situación actual del procedimiento -con más de 40 partes personadas- y teniendo en cuenta las inhibiciones que se están produciendo de otros juzgados en este, se hace más que necesaria la unificación en aras de salvaguardar debidamente el derecho de defensas".
Sobre las acusaciones populares, menciona que la jurisprudencia al
respecto "reconoce que no se les debe conceder el privilegio de actuar
separadamente dado que el fin que persiguen en cualquier procedimiento,
sin perjuicio de que representen ideologías o intereses distintos, es el
mismo".
En referencia a las particulares expone que "si bien cada una de ellas
está condicionada por unos hechos concretos, el interés final, común a
todas ellas, es el esclarecimiento de las causas que llevaron a tan
lamentable resultado y por ende, a su correspondiente reparación, por lo
que su unificación estaría igualmente justificada".
No hay comentarios:
Publicar un comentario