MADRID.- El Tribunal de Cuentas considera que la ejecución presupuestaria presenta deficiencias "que se repiten año tras año", lo que provoca un desplazamiento temporal de los gastos e ingresos que, en la mayoría de los casos, no se pueden achacar a operaciones imputables a los últimos meses de un ejercicio que pasen al siguiente.
Esta es una de las conclusiones de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2005, el primero de la recién concluida legislatura elaborado por el PSOE.
En el informe, el organismo destaca que al término de ese año, el importe total de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ascendía a 52.992 millones de euros.
El Tribunal constata que el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional arrojó un superávit de 13.939 millones de euros, lo que representa un 1,5 % del PIB, "con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,3 % del PIB".
Esta cifra fue consecuencia de la agregación del superávit de 4.102 millones de euros presentado por la Administración General del Estado, organismos autónomos y demás entes públicos, y el superávit de 9.837 millones alcanzado por las entidades del Sistema de la Seguridad Social.
El total del endeudamiento de la Administración del Estado al cierre del año alcanzó la suma de 344.655 millones de euros, un 0,20% menos respecto del saldo del ejercicio anterior, correspondiendo en un 95% del importe total a deuda pública.
No obstante, el Tribunal destaca que el Gobierno sigue sin remitirle los importes de la deuda contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico (HOLSA) y Navantia, lo que "afecta a la representatividad" de las cifras.
El techo de gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2005 para los gastos no financieros del Estado se vio superado hasta los 124.527 millones de euros como consecuencia de los debates parlamentarios mantenidos durante el proceso de su aprobación.
Sin embargo, estos créditos iniciales se redujeron en el curso del ejercicio en un importe neto de 94 millones de euros, resultando, por tanto, unos créditos definitivos de 124.433 millones, mientras que las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 120.980 millones; importes ambos inferiores al límite de gasto.
Como conclusión de este seguimiento, el Tribunal de Cuentas estima que, con independencia del cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado, han de intensificarse los esfuerzos para alcanzar "una mayor aproximación entre los criterios aplicados en la contabilidad pública y en la contabilidad nacional" y para disponer de la "máxima información" sobre los ajustes que se realicen sobre las cifras.
La Cuenta General del Estado, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE), está formada por los documentos relativos a la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional.
En la Cuenta General del sector público empresarial del ejercicio 2005 se utilizó por primera vez, para elaborar los estados financieros agregados, la información contable contenida en las cuentas consolidadas de los grupos que están obligados a presentarlas.
En este punto, el Tribunal sigue observando "retrasos e incumplimientos", así como "falta de homogeneidad" en la elaboración de los estados contables de las distintas entidades incluidas en el informe. Así, sólo han presentado cuentas consolidadas el 81% de los grupos obligados, aunque este porcentaje es un claro avance frente al 54% del ejercicio 2004.
El Tribunal denuncia que frente al objetivo de conseguir una Cuenta General del Estado consolidada a partir del 2005, los estados contables que conforman cada una de las partidas incluidas son un "mera agregación" de las cuentas individuales y aunque se ha corregido en gran parte "las insuficiencias de información", el tribunal sigue considerando su contenido "insuficiente".
En este sentido, señala que "no se han producido avances" en la elaboración de inventarios para una parte importante de bienes que integran el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado.
El Tribunal destaca que persisten las discrepancias observadas en ejercicios anteriores entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado (AGE).
Entre ellas ellas, la más importante se sintetiza en que la Tesorería General refleja en su balance de situación a 31 de diciembre de 2005 unos derechos de cobro frente al Estado por 3.372 millones de euros, importe que el Estado financió mediante préstamos y no con transferencias y que fue destinado a la cancelación de obligaciones del INSALUD, mientras que en el de la Administración General del Estado a la misma fecha no existe una recíproca partida de obligaciones de pago.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recuerda que viene proponiendo diferentes alternativas para solucionar esta discrepancia, ninguna de las cuales, asegura, ha sido atendida todavía.
Por este motivo, el organismo fiscalizador concluye proponiendo a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte "las medidas que sean necesarias" para que la Cuenta General del Estado y las cuentas que la conforman se ajusten plenamente a la legislación con el fin de que pongan "adecuadamente" de manifiesto la situación financiera y patrimonial y los resultados de la ejecución presupuestaria y de la actividad económica del sector público estatal.
Esta es una de las conclusiones de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado, correspondiente al ejercicio 2005, el primero de la recién concluida legislatura elaborado por el PSOE.
En el informe, el organismo destaca que al término de ese año, el importe total de los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores ascendía a 52.992 millones de euros.
El Tribunal constata que el resultado del ejercicio en términos de contabilidad nacional arrojó un superávit de 13.939 millones de euros, lo que representa un 1,5 % del PIB, "con una desviación positiva respecto al objetivo fijado del 1,3 % del PIB".
Esta cifra fue consecuencia de la agregación del superávit de 4.102 millones de euros presentado por la Administración General del Estado, organismos autónomos y demás entes públicos, y el superávit de 9.837 millones alcanzado por las entidades del Sistema de la Seguridad Social.
El total del endeudamiento de la Administración del Estado al cierre del año alcanzó la suma de 344.655 millones de euros, un 0,20% menos respecto del saldo del ejercicio anterior, correspondiendo en un 95% del importe total a deuda pública.
No obstante, el Tribunal destaca que el Gobierno sigue sin remitirle los importes de la deuda contraída por el Grupo Barcelona Holding Olímpico (HOLSA) y Navantia, lo que "afecta a la representatividad" de las cifras.
El techo de gasto previsto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2005 para los gastos no financieros del Estado se vio superado hasta los 124.527 millones de euros como consecuencia de los debates parlamentarios mantenidos durante el proceso de su aprobación.
Sin embargo, estos créditos iniciales se redujeron en el curso del ejercicio en un importe neto de 94 millones de euros, resultando, por tanto, unos créditos definitivos de 124.433 millones, mientras que las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 120.980 millones; importes ambos inferiores al límite de gasto.
Como conclusión de este seguimiento, el Tribunal de Cuentas estima que, con independencia del cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado, han de intensificarse los esfuerzos para alcanzar "una mayor aproximación entre los criterios aplicados en la contabilidad pública y en la contabilidad nacional" y para disponer de la "máxima información" sobre los ajustes que se realicen sobre las cifras.
La Cuenta General del Estado, elaborada por la Intervención General del Estado (IGAE), está formada por los documentos relativos a la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector público fundacional.
En la Cuenta General del sector público empresarial del ejercicio 2005 se utilizó por primera vez, para elaborar los estados financieros agregados, la información contable contenida en las cuentas consolidadas de los grupos que están obligados a presentarlas.
En este punto, el Tribunal sigue observando "retrasos e incumplimientos", así como "falta de homogeneidad" en la elaboración de los estados contables de las distintas entidades incluidas en el informe. Así, sólo han presentado cuentas consolidadas el 81% de los grupos obligados, aunque este porcentaje es un claro avance frente al 54% del ejercicio 2004.
El Tribunal denuncia que frente al objetivo de conseguir una Cuenta General del Estado consolidada a partir del 2005, los estados contables que conforman cada una de las partidas incluidas son un "mera agregación" de las cuentas individuales y aunque se ha corregido en gran parte "las insuficiencias de información", el tribunal sigue considerando su contenido "insuficiente".
En este sentido, señala que "no se han producido avances" en la elaboración de inventarios para una parte importante de bienes que integran el inmovilizado no financiero de la Administración General del Estado.
El Tribunal destaca que persisten las discrepancias observadas en ejercicios anteriores entre la contabilidad patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Administración General del Estado (AGE).
Entre ellas ellas, la más importante se sintetiza en que la Tesorería General refleja en su balance de situación a 31 de diciembre de 2005 unos derechos de cobro frente al Estado por 3.372 millones de euros, importe que el Estado financió mediante préstamos y no con transferencias y que fue destinado a la cancelación de obligaciones del INSALUD, mientras que en el de la Administración General del Estado a la misma fecha no existe una recíproca partida de obligaciones de pago.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas recuerda que viene proponiendo diferentes alternativas para solucionar esta discrepancia, ninguna de las cuales, asegura, ha sido atendida todavía.
Por este motivo, el organismo fiscalizador concluye proponiendo a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte "las medidas que sean necesarias" para que la Cuenta General del Estado y las cuentas que la conforman se ajusten plenamente a la legislación con el fin de que pongan "adecuadamente" de manifiesto la situación financiera y patrimonial y los resultados de la ejecución presupuestaria y de la actividad económica del sector público estatal.
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