El objeto de las primeras Diligencias de la Fiscalía Provincial de Valencia, incoadas a raíz de la denuncia de un particular, era delimitar si había existido actuación delictiva por parte de miembros del Ayuntamiento de Valencia, entre ellos la alcaldesa Rita Barberá, que es diputada autonómica, en una permuta de inmuebles entre el citado Ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol.
El fiscal general del Estado, en respuesta a una consulta elevada por esta Fiscalía, otorgó la competencia para conocer sobre estas diligencias al fiscal superior, al haber indicios de participación en los hechos de una persona aforada, y para que procediese de acuerdo con su propio criterio jurídico.
Así, tras realizar un examen jurídico de las diligencias practicadas, el fiscal superior llegó a la conclusión de que durante la tramitación del Convenio Urbanístico y de permuta entre el Ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol "no hubo daño a la causa pública" y los hechos estudiados "no inciden en ningún tipo penal".
Asimismo, el proceso administrativo contó con informes favorables de los funcionarios municipales, y "no cabe decir que su resultado sea una resolución arbitraria".
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