MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) comunicó al magistrado Antonio Pedreira, que investiga la trama principal del 'caso Gürtel', que no encuentra en sus registros y archivos contrato alguno que justifique los pagos realizados por la institución entre los años 2000 y 2004 a las empresas que dirigía Francisco Correa, según aclaró en una nota oficial.
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamó a la institución hace cinco días que entregase a la Policía Judicial todos los expedientes de contratación de bienes y servicios con el grupo empresarial sospechoso firmados durante el período señalado, en el que la FEMP estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
En aquella etapa, el responsable de la gestión era el secretario general, Álvaro de la Cruz, que está imputado en la investigación penal porque su nombre aparece en la contabilidad B de la trama empresarial como presunto receptor de 30.000 euros.
La entidad aportó a los expertos policiales toda la documentación localizada sobre el asunto en sus archivos, que se circunscribe a una serie de facturas emitidas por algunas de las empresas del grupo de Correa en el período de tiempo señalado.
La FEMP también ha aclarado a Pedreira que no sólo no ha localizado soportes con los documentos de adjudicación de los servicios sino que, «revisadas todas las actas de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Federal correspondientes a dicho período, no se refleja en las mismas ni información ni acuerdo algunos en relación a estas contrataciones».
El dato choca con las declaraciones realizadas por el alcalde en funciones de Valencia, Alfonso Grau, que nada más tener conocimiento de la petición judicial, y en defensa de la honorabilidad de Rita Barberá, aseguró que «todos los contratos de aquella época fueron tramitados y aprobados por unanimidad en el seno del Comité Ejecutivo de la federación, en el que estaban presentes todos los partidos políticos y el actual presidente, el socialista Pedro Castro».
La información oficial dada a conocer por la institución no da detalle alguno sobre los documentos entregados al juez, pero fuentes socialistas indicaron hace días que los servicios adjudicados al grupo de Correa en el cuatrienio investigado suman un valor aproximado de un millón de euros.
La parte principal, pagada a la firma Special Events, se eleva a unos 800.000 euros y sufraga los gastos de celebración de dos asambleas anuales de la FEMP. El resto de los abonos corresponden a gastos de viajes y desplazamientos de sus miembros y se facturaron a la agencia Pasadena, también investigada dentro de la 'trama Gürtel'.
Los responsables de la federación de municipios, en la actualidad presidida por Castro, alcalde de Getafe (Madrid), comunicaron a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) su voluntad de colaborar con la Justicia y con la investigación en todo lo que sea necesario para aclarar esos pagos.
El Partido Popular, con Mariano Rajoy y el resto de los principales dirigentes a la cabeza, ha salido en repetidas ocasiones en defensa cerrada de la honorabilidad y honradez de la alcaldesa de Valencia. En su opinión, toda esta investigación sólo busca desprestigiar a su compañera.
La propia Barberá aseguró hace días, en referencia a Correa y sus acólitos: "Jamás he recibido un euro de nadie y jamás he tenido la menor relación ni he recibido ningún bolso de esos personajes".
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