Casi la mitad de los jueces titulares de la Comunitat secundan la huelga, con mayor incidencia en Valencia

VALENCIA.- Casi la mitad de los jueces titulares de la Comunitat Valenciana, es decir, 182 de un total de 394, secundaron hoy la huelga convocada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El paro tuvo mayor incidencia en la ciudad de Valencia, al sumarse 61 de los 89 magistrados, y en la provincia, con 43 de los 61 titulares.

Así lo dio hoy a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que recordó que aunque existen 460 jueces distribuidos por la autonomía, para el recuento de la huelga tan sólo se han tenido en cuenta a 394, con lo que se eliminaron a los magistrados sustitutos y los que están de baja.

De los 394 jueces, 182 secundaron la huelga, lo que representa un 46,9 por ciento. Por provincias, Valencia fue la más notoria, puesto que se sumaron 61 jueces de la ciudad --47 de los juzgados ordinarios, seis de la Audiencia Provincial y ocho del TSJ--; y otros 43 en la provincia. En concreto, todos los magistrados de los partidos judiciales de Sueca y Sagunt se unieron a la convocatoria.

Por su parte, en Alicante, el número de magistrados adheridos alcanzó la cifra de 50 --32 de los 69 jueces en la provincia, 18 de los 46 en los juzgados ordinarios, y ninguno en la Audiencia--, lo que alcanza una representatividad del 34,9 por ciento. En Castellón, se contabilizaron hasta 28 magistrados --16 en los juzgados, nueve en la provincia y tres de los 10 titulares en la Audiencia Provincial--. En total, en esta provincia, un 65,3 por ciento.

El juez decano de Valencia, Pedro Viguer, señaló, en una rueda de prensa con motivo de esta huelga, que hay algunos juzgados que funcionaron con servicios mínimos, puesto que hay asuntos urgentes que no se pueden retrasar, mientras que hay otros que cerraron --como el juzgado de lo Penal número 4 y 12 de la ciudad-- y que previamente avisaron y señalaron los juicios para otro día.

Viguer indicó que es "imprescindible" actos de protesta para "recuperar la dignidad", al tiempo que subrayó que "no es una huelga salvaje, sino que es un acto simbólico para demostrar el descontento colectivo mayoritario sobre las condiciones en las que se realiza el trabajo, sobre todo en cuanto a infraestructuras de juzgados y jueces".

El decano de Valencia, aunque reconoció que se ha avanzado en la interconexión informática entre juzgados, y en la futura implantación de la Oficina Judicial, aseveró que el Plan de Modernización de la Justicia es "manifiestamente insuficiente". Indicó que bastaba con hacer una "simple" operación aritmética para saber que hacen falta más órganos y magistrados.

Así mismo, Viguer, quien descartó por el momento algún otro tipo de huelga, indicó que le parecía una postura "incoherente" la mantenida por dos asociaciones judiciales que sí secundaron la huelga convocada el pasado 18 de febrero y "no lo han hecho esta vez". En concreto, en esta ocasión tan sólo se sumó la APM, la asociación mayoritaria. Señaló que "no ha cambiado nada desde entonces", aunque aclaró que, a pesar de las posturas de sus asociaciones, algunos magistrados han ido a la huelga.

Viguer recordó que se han incumplido "prácticamente todas" las reivindicaciones formuladas por los jueces, ante lo que las comunidades autónomas "guardan silencio" pese a "su responsabilidad en la situación actual", y las medidas propuestas por el Ministerio de Justicia "son totalmente insatisfactorias".

Subrayó que hacen falta más órganos judiciales y jueces, además de compromisos presupuestarios a medio o largo plazo más allá de las inversiones puntuales anunciadas por el ministerio para la modernización tecnológica de la Administración de Justicia. También reclamó que las medidas de Justicia "no tengan fecha de caducidad" con el fin de las legislaturas.

Junto a ello, se refirió a la falta de previsión de incremento presupuestario en materia de medios materiales en el ámbito de comunidades autónomas con competencias transferidas; el gran número de jueces sustitutos; a los "escasos" planes de actuación para paliar el "inasumible" incremento de asuntos; o la falta de determinación de la carga de trabajo adecuada en cada órgano judicial.

Por último, Viguer aludió a que no se conocen medidas ni iniciativas legales para simplificar los procedimientos; que no se ha adoptado medida alguna para poner fin a la interinidad en el personal al servicio de la Administración de Justicia; y a que "muy poco" se ha avanzado respecto a la conciliación personal y familiar de jueces y magistrados.

Por todo, y ante esta situación, el juez decano exigió, a través de un manifiesto suscrito por otros magistrados, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas "algo tan sencillo como que cumplan con su obligación de dotar a los órganos judiciales de los recursos precisos para el digno y eficaz desempeño de la función jurisdiccional".