PSPV, Comprimís o el Grupo Prisa parecían haber encontrado otra "presa" popular a la que hincarle el diente: Rafael Blasco, conseller de Solidaridad y Ciudadanía y, además, portavoz del PPCV en Les Corts. Unas cuantas subvenciones para ayuda al Desarrollo, informaciones inexactas y malintencionadas, unas supuestas irregularidades en las subvenciones concedidas… eran ingredientes más que suficientes para que la oposición y determinados medios de comunicación desatasen una nueva tormenta mediática contra el Gobierno de Francisco Camps. Ángel Luna, Mireia Mollà (Comprimís), Prisa y Levante-EMV no escatimaron en descalificativos al conseller Blasco y le auguraron poco menos que la cárcel.
Sin embargo, y para desgracia de los ruidosos alborotadores, la realidad y el tiempo le han venido dando puntualmente la razón a Rafael Blasco que desde un primer momento desmintió las informaciones poniendo de manifiesto que todo se debía a una nueva campaña de desprestigio y a un montaje político y mediático calificando todo el asunto como un "infundio". El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo (al que el conseller remitió el pasado 7 de octubre toda la documentación existente) resolvió no iniciar proceso judicial alguno al entender, una vez estudiada toda la documentación, que "no existe conducta penal en personas aforadas".
Un duro varapalo para el partido de Jorge Alarte que discretamente fue reduciendo las críticas y cerrando así otro nuevo capítulo de un supuesto nuevo escándalo de la gestión del PP en la Generalitat. Sin embargo, el conseller Blasco quería aclarar aún más este asunto y por ello solicitó presentó una Proposición No de Ley ante Les Corts para que la Sindicatura de Comptes fiscalice los dos expedientes de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía sobre los proyectos cuestionados, estos son los de Cyes en Nicaragua. Una propuesta que se registró en la Cámara autonómica y que sorprendente e incomprensiblemente esta misma semana contó con el voto en contra del PSPV-PSOE y de Comprimís y que salió adelante con los votos únicamente del grupo popular.
Ahora, y días después de que la mayoría de las ONGs respaldasen la política de cooperación de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes ha confirmado que fiscalizará de manera urgente, como pedía Blasco, los expedientes de las ayudas a la cooperación en Nicaragua. Otro varapalo más para la oposición que pretendía "estirar" la polémica hasta las elecciones del próximo mes de mayo.
Sin embargo, y para desgracia de los ruidosos alborotadores, la realidad y el tiempo le han venido dando puntualmente la razón a Rafael Blasco que desde un primer momento desmintió las informaciones poniendo de manifiesto que todo se debía a una nueva campaña de desprestigio y a un montaje político y mediático calificando todo el asunto como un "infundio". El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo (al que el conseller remitió el pasado 7 de octubre toda la documentación existente) resolvió no iniciar proceso judicial alguno al entender, una vez estudiada toda la documentación, que "no existe conducta penal en personas aforadas".
Un duro varapalo para el partido de Jorge Alarte que discretamente fue reduciendo las críticas y cerrando así otro nuevo capítulo de un supuesto nuevo escándalo de la gestión del PP en la Generalitat. Sin embargo, el conseller Blasco quería aclarar aún más este asunto y por ello solicitó presentó una Proposición No de Ley ante Les Corts para que la Sindicatura de Comptes fiscalice los dos expedientes de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía sobre los proyectos cuestionados, estos son los de Cyes en Nicaragua. Una propuesta que se registró en la Cámara autonómica y que sorprendente e incomprensiblemente esta misma semana contó con el voto en contra del PSPV-PSOE y de Comprimís y que salió adelante con los votos únicamente del grupo popular.
Ahora, y días después de que la mayoría de las ONGs respaldasen la política de cooperación de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes ha confirmado que fiscalizará de manera urgente, como pedía Blasco, los expedientes de las ayudas a la cooperación en Nicaragua. Otro varapalo más para la oposición que pretendía "estirar" la polémica hasta las elecciones del próximo mes de mayo.
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