VALENCIA.- El pleno del Consell ha aprobado este viernes el decreto-ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas, que incluye un proceso "exprés" para que se puedan aprobar actuaciones territoriales estratégicas en el plazo máximo de "un año o poco más de un año".
Así lo ha dado a conocer este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, quien ha explicado que con las medidas incluidas en este decreto-ley se esperan movilizar recursos por valor de unos 500 millones de euros y crear unos 20.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Bonig ha explicado que el objetivo es "contribuir a la dinamización de la actividad económica y la creación de empleo, facilitando los instrumentos adecuados para que los procedimientos sean ágiles y simplificados, y eliminando cargas burocráticas para las iniciativas empresariales".
En este sentido, considera que el decreto-ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas puede ser "un instrumento para luchar contra la crisis económica".
La consellera ha indicado que el principal objetivo del decreto-ley aprobado este viernes es facilitar la implantación de actuaciones territoriales estratégicas, entendidas como "iniciativas de carácter supramunicipal que contribuyen a la dinamización de la actividad económica y la generación de empleo en el marco de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana".
Declaradas por el Consell, las actuaciones territoriales estratégicas se tramitarán mediante un procedimiento "excepcional y singular", podrán ser de iniciativa pública, privada o mixta y desarrollarse en terrenos de cualquier categoría urbanística, situados en uno o varios términos municipales.
El "único interlocutor" que tendrán será la Generalitat, ha manifestado Bonig, quien ha hecho hincapié en que se pretende evitar que la "falta de coordinación" entre las administraciones provoque "retrasos" o impida que "los proyectos lleguen a buen término".
Las actuaciones tendrán que ser compatibles con los objetivos y principios rectores de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, ejecutarse de forma inmediata y acoger usos y actividades empresariales que "contribuyan a la excelencia del territorio", como mejora de la competitividad, innovación tecnológica, internacionalización de las empresas; implantación de equipamientos terciarios, culturales, turísticos o sanitarios de relevancia suprarregional; o actuaciones para la mejora del medio rural.
Preguntada por qué pasará con las declaraciones de impacto ambiental, ha explicado que seguirán, aunque ha manifestado que se trabajará para "aunar los tres criterios: ambiental, urbanístico y territorial". Así, "desde un principio estarán las reglas del juego claras", ha apostillado.
Isabel Bonig ha manifestado que las actuaciones territoriales estratégicas "deben ser cuestiones que aporten calidad, innovación y un plus al territorio". "Un simple campo de golf con viviendas seguirá una tramitación absolutamente normal", ha dicho al ser preguntada por este asunto.
La consellera también ha indicado que el decreto-ley modifica determinados preceptos legislativos en materia de vivienda y urbanismo "necesarios para la flexibilización de los procedimientos administrativos", para así "movilizar recursos económicos en el sector de la vivienda y la construcción".
Así, se modifica la Ley de la Vivienda de la Comunitat Valenciana con el fin de "ayudar a normalizar el mercado de la vivienda y mejorar la calidad de determinadas áreas urbanas".
También se cambia "puntualmente" la Ley Urbanística Valenciana para "impulsar y favorecer los procesos de programación de suelo, mediante la modificación del nivel de exigencia financiera actualmente previsto en el texto legal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos por parte del agente urbanizador". Asimismo, se regula la suspensión temporal de los Programas de Actuación Integrada (PAI).
Otra cuestión incluida en el decreto-ley es la "clarificación y flexibilización" de los fines del patrimonio público de suelo, para que los municipios puedan realizar más fácilmente una gestión del mismo.
Por último, se modifica la Ley Urbanística Valenciana de manera que puedan fraccionarse las actuaciones urbanísticas, incluidos los planes parciales reclasificatorios.
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