MADRID.- El Gobierno de España, con el apoyo de las comunidades autónomas, buscará enmendar el plan de cuotas y actividad pesquera planteado por la Comisión Europea para 2021 al considerarlo lesivo para los intereses de pesquerías sensibles, como es el caso de la merluza sur.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido este miércoles en la sede de su Departamento en Madrid con los consejeros de Pesca de Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Cataluña y Baleares para preparar el encuentro del consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la próxima semana en el que se debatirán los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas de pesca en el Atlántico y Mar del Norte para 2021.
También en esa reunión comunitaria se abordaran determinados recursos pesqueros de especies profundas para 2021 y 2022 así como la actividad en el Mediterráneo.
En una rueda de prensa previa al encuentro de hoy, el ministro ha dejado claro su desacuerdo con las propuestas que más afectan a los intereses del país, nombrando especialmente la bajada que la Comisión plantea de un 13 % en capturas de la merluza sur.
Planas ha dicho que España está "en desacuerdo" con esa proposición al ser una especie de "gran valor".
En especies profundas, ha plasmado su preocupación por el besugo porque, aunque todavía no se conoce la propuesta de captura, la recomendación del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) es de TAC cero.
Ha añadido que se está intentando reforzar el conocimiento y estudio científico de esta población para que "se pueda progresar en relación con las capturas".
También cree que no hay lugar a aplicar reducción de cuotas en el lenguado, el abadejo o la cigala y está en contra de reducir un 15 % los días de actividad en el Mediterráneo, tal y como propone la CE.
Según el ministro, los pescadores del Mediterráneo ya han hecho un esfuerzo en 2020 para bajar un 10 % sus días de trabajo y es el momento de tener en cuenta también la sostenibilidad económica y social, aparte de la medioambiental.
Por todo ello, ha calificado de "excesivo" el esfuerzo pedido desde Bruselas para 2021 y trata de ver "en qué medida" se consigue modificar la intención de la CE.
La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, ha rechazado los recortes propuestos por la Comisión al calcular que tendrán un impacto de 30 millones de euros para los intereses de la flota en su región.
Está preocupada por su repercusión para los caladeros del Cantábrico y noroeste, que "España no puede asumir" por lo que ha pedido a las instituciones comunitarias "un poco de sensibilidad".
La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido por su parte que se revierta la propuesta de la CE porque "sólo" pone el foco en la vertiente medioambiental pero no en la económica y social.
Ha dicho sentirse "muy decepcionada con la postura de Bruselas" y ha pedido al Gobierno central y al resto de las comunidades autónomas unión para modificarla.
La Generalitat Valenciana ha advertido del "devastador" impacto que tendría para la actividad pesquera en esta comunidad los recortes en los días de faena en el Mediterráneo propuestos por Bruselas para 2021.
Su consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha dicho que no se puede aplicar un esfuerzo añadido "cuando en 2020 hemos afrontado una reducción del 10 %".
Para la Región de Murcia, el plan propuesto por la Comisión para el mar Mediterráneo haría "inviable" la pesca para "muchos" de sus trabajadores, en palabras del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo.
Lo que "más" le preocupa son las consecuencias para la pesca de arrastre, ya que con las actuales restricciones comunitarias "ven limitadas sus actuaciones entre 170 y 190 días al año" y con la propuesta actual "se reduce un 10 %" más.
Por otra parte, el ministro Luis Planas ha recordado en la rueda de prensa que el Comité de Representantes Permanentes del Consejo (Coreper) ha respaldado este miércoles el texto acordado en el último trílogo sobre el Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola (FEMPA) 2021-2027.
Ha valorado la inclusión de las ayudas para mejorar la eficiencia energética, la seguridad y las condiciones laborales a bordo.
El reglamento otorga mayor flexibilidad a los Estados miembros que podrán establecer el apoyo a sus medidas prioritarias, que se verá especialmente reflejada en las actuaciones relativas a la gestión pesquera sostenible, la conservación y protección del medio marino, la innovación, la formación y el fomento de la acuicultura.
Como novedad, se incluye la posibilidad de apoyar actuaciones en materia de mejora de la eficiencia energética, las condiciones laborales y de seguridad a bordo que aumenten la capacidad en toneladas de registro bruto de los buques de hasta 24 metros de eslora, siempre que se mantenga invariable el equilibrio de capacidad y kilovatios de cada Estado miembro.
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