"No se va a eliminar la recuperación de activos: se va a despolitizar un instrumento que no nace con criterios técnicos, sino puramente políticos", ha aclarado, garantizando que estas funciones las asumirá la Abogacía de la Generalitat como órgano independiente y "despolitizado".
En la sesión de control en Les Corts, Camarero (PP) ha respondido así a una pregunta de la socialista Mercedes Caballero sobre la "eliminación" de la oficina creada por el Botànic para recuperar estos activos.
La diputada del PSPV ha defendido la labor de esta oficina, destacando que "de momento se han recuperado ocho millones de euros y quedan cinco millones por recuperar".
"Ustedes deciden eliminarla y solo tiene una explicación: tienen muchísimo miedo", ha lanzado.
En su respuesta, la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha remarcado que "no se puede eliminar lo que nunca existió", ya que ha asegurado que la oficina de la que habla el PSPV no estaba dotada ni de personal ni de presupuesto y era "una subdirección general creada con intereses políticos".
En cambio, ha defendido que "lo normal" es que estas funciones las asuma la Abogacía para "despolitizarlas".
"Nos preocuparemos de que el dinero se revierta a las arcas de la Generalitat", ha aseverado.
Y ha garantizado que tratarán de recuperar todo el dinero "haya sido por quien haya sido: Se llame Francis Puig -hermano del 'expresident' Ximo Puig-, sean sobrecostes por los suministros de material covid o lo que ocurra en el juicio oral por prevaricación abiertos a dos concejales del PSOE de Benidorm".
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Benidorm, en Alicante, ha dictado apertura de juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno socialista de la ciudad.
En
un auto del 16 de octubre la jueza
decreta la apertura de juicio oral, a petición de Fiscalía y la
acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías
Locales y Bomberos (SPPLB), contra dos exconcejales y seis
técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de
prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
Así, será la Audiencia de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa.
Anteriormente,
varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la
apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa,
a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.
Los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez,
además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos
municipales, que se enfrentan a penas de ocho años y seis meses de
inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de
prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión
por malversación.
La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra del SPPLB por la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada
en pleno pese a un informe contrario del Interventor, que incluía una
subida salarial que suponía un incremento de la masa salarial del
personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.
Además,
también "se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y
necesidad no estaba justificada", recoge el escrito. La acusación
también incide en la creación y cobertura "de un elevado número de
plazas de personal laboral temporal" pese a las restricciones
establecidas por ley en ese momento y que la parte acusadora cifró en 43
enchufados.
Así, cuando la tasa establecida para el
personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron trece los que
se incorporaron, lo que, según se denuncia, produjo un desajuste en la
partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.
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