La entidad se ha pronunciado en estos términos después de que el responsable de Sanidad del Consell haya confirmado que el mérito del idioma valenciano tendrá una valoración inferior que la del doctorado para acceder a las plantillas públicas sanitarias y haya defendido que su departamento toma las decisiones "en base a datos, tendencias, encuestas o gestiones, no con el argumento ideológico".
Al respecto, Acció Cultural destaca que "la lengua de los valencianos no es una ideología, sino un elemento fundamental de nuestra identidad cultural y lingüística".
"Asociar el conocimiento del valenciano a una
ideología es una tergiversación injusta e inaceptable de la realidad
lingüística de nuestro territorio", apuntan en un comunicado.
La presidenta de ACPV, Anna Oliver, considera que garantizar la atención
en valenciano es "esencial", ya que "es imposible poder tener una
asistencia médica de calidad íntegra y humana, si no se pueden
garantizar los derechos de los valencianohablantes".
"Y ante esto el
Gobierno valenciano, en lugar de fomentar los derechos lingüísticos de
toda la ciudadanía, lo que está haciendo es poner trabas y discriminar a
parte de la población", denuncia.
ACPV subraya que la
propuesta del conseller, "no solo vulnera los derechos de los
valenciano-hablantes, sino que también constituye una clara violación de
la legislación vigente".
En este sentido, sostiene que "el
Estatuto de Autonomía establece de manera contundente en el artículo 6
que nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua, y el punto 3
especifica que la Generalitat Valenciana tiene que asegurar el
conocimiento".
Con esta medida, por tanto, "Sanidad incumple la ley y
discrimina los derechos de los valenciano-hablantes", apostilla.
Además, la organización rechaza "e manera contundente la propuesta
populista que plantea la supuesta contradicción entre los méritos
académicos y la excelencia profesional con el conocimiento del
valenciano".
ACPV argumenta que "conseguir una sanidad de
excelencia no tendría que ser incompatible con garantizar el derecho a
ser atendido en valenciano en todos los ámbitos de la administración
pública, incluyendo la Sanidad Pública".
Y añade: "No se
entiende que un trabajador público no conozca las lenguas oficiales del
lugar donde desarrolla su labor y el valenciano es lengua oficial.
Pedimos a las autoridades competentes que revisen esta propuesta
discriminatoria y tomen las medidas necesarias para garantizar que el
conocimiento del valenciano no sea considerado como un mérito inferior".
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