VALENCIA.- La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana
ha pedido a la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios
de Emergencias (SGISE) que remita un informe con la identificación
personal de cada uno de los bomberos forestales que, a instancia del
Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana,
realizaron funciones de seguimiento y vigilancia del río Magro el 29 de
octubre de 2024 en el área del puente de Carlet (bomberos forestales de
la Unidad de Alzira), y el Barranco del Poyo, en las áreas de Torrent-Picanya-Paiporta (Unidad de Bomberos Forestales de Buñol).
Así consta en una providencia de la jueza, de este viernes, en la que
adopta esta decisión tras un informe recibido del Consorcio Provincial
de Bomberos de Valencia, del pasado martes, en el que se indica que este
consorcio «tiene encomendada la gestión operativa de los recursos del
Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana» y es el
responsable de gestionar la operatividad de las unidades de forma
diaria, «en función de la información que se proporciona» desde su
entidad gestora, la SGISE.
De acuerdo con el informe del Consorcio, «la gestión de dicho
personal y por lo tanto el histórico de datos de los componentes que
integran cada una de las unidades cada día» no obra en su poder, por lo
que es necesario dirigir la petición a la SGISE.
La jueza que investiga
lo sucedido ese día da a la entidad un plazo de tres días para presentar
ese informe, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El Consorcio respondió así a una petición de la jueza que el pasado 8
de enero le había solicitado esa información. La magistrada también
requirió a la Confederación Hidrográfica del Júcar que identificara los
agentes fluviales que el 29-O realizaron las labores de control y
vigilancia propias de sus funciones en la demarcación coincidente con la
provincia.
Por otro lado, y en una providencia del miércoles, la jueza, ante una
petición de la representación de la Asociación de Víctimas Mortales
Dana 29-O y otras partes personadas, ha pedido a la SGISE que aporte a
la causa, también en un plazo de tres días, una serie de documentación
en relación al Consejo de Administración de esa entidad celebrado el
mismo día de la dana.
En concreto, la convocatoria de Consejo de Administración, con
indicación de las personas convocadas y el mecanismo por el que se
comunicó; el orden del día y el acta de la sesión.
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