Los SIP son una figura nueva definida en el artículo 26.7B del Real Decreto 216/2008 de 15 de febrero de Recursos Propios de entidades financieras y se refiere a un acuerdo contractual o legal de responsabilidades entre entidades financieras para protegerlas, y en particular, para garantizar su solvencia y su liquidez a fin de evitar la quiebra.
Este concepto, incorporado en la legislación estatal y que deviene de la normativa comunitaria, afecta directamente a las alianzas entre entidades financieras en las que, manteniendo las dos o tres entidades financieras su realidad jurídica, es decir, sin proceder a una fusión, puedan llevar a cabo actividades comunes y compartir estructuras organizativas.
Beteta explicó que con ello las entidades "pueden optimizar costes, mejorar su solvencia, enfrentarse mejor a los retos del futuro y una estrategia de consolidación en un mercado difícil de carácter financiero como el que nos encontramos".
Beteta explicó que hasta este momento sólo Andalucía contempla a los SIP en su ley de cajas autonómica, recientemente aprobada, y en ella "su regulación es idéntica a la que se propone para Madrid, tanto en lo referido a la definición y función de la SIP como en la necesidad de la autorización de la Consejería competente".
De este modo, Economía busca "dar a Caja Madrid la opción de poder llevar a cabo una actuación de carácter financiero que no tenga que ser necesariamente la fusión", en las mejores condiciones posibles.
"Es bueno que nuestra caja de ahorros tenga esa posibilidad para poder actuar en un mercado como el financiero y esté presente en el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid porque, siendo la cuarta entidad financiera, es obligación del Gobierno de la Comunidad y la Asamblea de Madrid darle instrumentos para que pueda realizar su trabajo dentro de la directiva comunitaria", planteó el consejero.
En este sentido, advirtió que "no es un invento especial de la Comunidad de Madrid", pero el Gobierno regional no quiere que Caja Madrid "en ningún caso pueda tener menos capacidad que pueden tener otras cajas, como las de Andalucía".
Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue preguntado tras el Consejo de Gobierno por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar el recurso judicial que mantenía en Caja Madrid.
El 'número dos' de Aguirre se limitó a señalar que el proceso de renovación de los órganos de Gobierno de Caja Madrid tiene que llevarse a cabo cuanto antes, "en los plazos que están establecidos".
"Creo que es realmente bueno para la institución, para los impositores y para el mucho financiero y es evidente que el recurso que había interpuesto el Ayuntamiento de Madrid tenía paralizado por resolución judicial, de momento, que ese proceso pudiese seguir adelante", observó.
"El hecho de que el Ayuntamiento lo quite es bueno en la medida en que eso contribuya a continuar con el proceso. Nosotros siempre entendimos que no había razón para esos recursos", indicó, al tiempo que recordó que la ley de cajas aprobada gozó de la unanimidad en el seno de la Asamblea de Madrid y "refleja fielmente lo que deben ser la composición de los órganos de gobierno de la caja y el peso específico de cada uno de los sectores".
"Por lo tanto, bienvenida sea esa decisión y aceptación de que no hay razones de fondo desde el punto de vista legal para justificar la paralización de un proceso que debe culminar en el seno de Caja Madrid, porque ya está fuera de plazo", manifestó González.
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