Las comunidades autónomas podrán destinar a gasto corriente su endeudamiento en 2009 y 2010

MADRID.- La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso dio anoche su visto bueno a los proyectos de Ley del nuevo sistema de financiación autonómica después de que el PSOE pactara varias modificaciones con ERC, ICV y Coalición Canaria, con los que sumó fuerzas para rechazar todas las modificaciones propuestas por PP, CiU, BNG e Izquierda Unida.

Entre las novedades aprobadas en este trámite destaca una propuesta del PSOE para que "excepcionalmente" para 2009 y 2010, las comunidades autónomas puedan destinar su endeudamiento a gastos corrientes para garantizar la cobertura de los servicios "públicos fundamentales", sin tener que destinarlo forzosamente a inversiones, lo que será tenido en cuenta por el Estado a la hora de conceder sus autorizaciones.

Esta deuda tendrá que amortizarse en el plazo de un año, evitando así que se consolide más allá del plazo en el cual resultó imprescindible su emisión para el mantenimientos de los servicios públicos fundamentales. En palabras de la ponente socialista Montserrat Colldeforns, este cambio "da una respuesta reforzada" a la necesidad de liquidez de las comunidades en tiempos de crisis.

No obstante, la enmienda, que contó con el rechazo de PP y CiU, tendrá que volver a ser votada en un Pleno extraordinario que, previsiblemente, celebrará el próximo jueves el Congreso para votar las modificaciones a la Ley Orgánica (LOFCA). Como esta norma tiene carácter orgánico, los socialistas necesitan una mayoría absoluta (como mínimo, 176 votos) para sacarla adelante, un apoyo que, hoy por hoy, no tienen garantizado.

La otra pata legislativa del proceso, la Ley ordinaria sobre el sistema de financiación autonómica, sí fue remitida hoy con competencia legislativa plena al Senado.

Los socialistas acordaron con ERC e ICV que el reparto del Fondo de Competitividad que incluye el nuevo sistema se pondere de acuerdo a los acuerdos suscritos en la parte relativa a Cataluña, de manera que en 2011 se garantice el "cumplimiento íntegro" del Estatuto catalán, garantizando el principio de "bilateralidad".

En este sentido, el diputado de ICV, Joan Herrera, valoró positivamente el nuevo modelo, que supone "un paso clarísimo" hacia la "federalización del modelo fiscal" de una forma "mas solidaria". "Así no pagaremos todos las fiestas fiscales de algunos", señaló.

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, dio su respaldo a la Ley después de que suscribiera varias enmiendas transaccionales con los socialistas que "despejan la sombras" sobre el régimen fiscal del Archipiélago y "mejoran sustancialmente la capacidad normativa" del Gobierno de esta comunidad, reconociendo además el principio de insularidad en el reparto de fondos.

Por su parte, el portavoz adjunto de Economía del PP, Álvaro Nadal, denunció que el debate "viene viciado" porque el Gobierno "nunca tuvo el objetivo del interés general" y el nuevo modelo se ha convertido en "una mera lucha por unos recursos que sólo están sobre el papel", ya que el Estado ha perdido un tercio de su recaudación, y además se ha aprobado sin consenso. "Nace cojo", remachó.

Asimismo, los 'populares denunciaron que la reforma "limita las competencias normativas de los ayuntamientos", ya que pese a que establece que las comunidades no podrán imponer impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por los tributos locales, sí podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones locales.

A juicio de Nadal, este apartado, contra el que presentó un voto particular de supresión, daría lugar a casos como que el Gobierno autonómico cobrara tributos que los ayuntamientos no quieren utilizar. "Si el municipio no pone una tasa de basura, la comunidad podrá hacerlo", incidió.

Por su parte, el portavoz económico CiU, Josep Sánchez Llibre, denunció que la reforma "extiende el certificado de defunción del Estatut catalán", y denunció la pérdida de "ordinalidad" que a su juicio supondrá para esta comunidad.

Pese a esta victoria, el Gobierno no ha despejado el camino a la aprobación de la reforma, ya que a día de hoy, sólo suman 175 escaños junto a ERC, ICV y Coalición Canaria, uno menos de los necesarios para aprobar la reforma de la LOFCA en Pleno. Mientras PP, CiU, UPyD y BNG mantienen su rechazo, y las formaciones vascas y navarras continúan en su tradicional abstención alegando que sus comunidades tiene un régimen propio de financiación, todas las miradas se vuelven al diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares.

En el caso de IU, que comparte grupo parlamentario con ERC e ICV, se da la circunstancia de que los socialistas rechazaron la única enmienda que presentó en el debate de hoy, relativa a las financiación de los ayuntamientos. Aun así, en fuentes de la izquierda parlamentaria, se confía en que se acabe decantando finalmente por sumarse a republicanos y ecosocialistas.