viernes, 26 de febrero de 2010

Barberá cede en El Cabanyal para respetar el BIC

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia acordó hoy por unanimidad de los dos grupos con representación en el consistorio la "suspensión temporal de las demoliciones" en la zona de El Cabanyal declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat valenciana en 1993, que comprende entre la calle Escalante en su acera este, y la calle Doctor Lluch en la oeste, y que está "afectada por la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez", prevista en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio.

Así se recoge en la moción alternativa presentada por el teniente de alcalde y concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, en la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento celebrada hoy, y que fue votada a favor por todos los ediles.

Previamente, el grupo socialista había realizado otra propuesta en la que se pedía al consistorio la "suspensión de todas las actuaciones derivadas de la ejecución del PEPRI", en las unidades de ejecución que afectan, tanto al BIC como al Conjunto Histórico Protegido CHP2.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, recordó tras la lectura de la moción aprobada, que tan sólo el 2 por ciento de la zona BIC se ve afectada por las actuaciones previstas en el PEPRI. Asimismo, Grau consideró que los socialistas "en su afán de paralizar, quieren paralizar absolutamente todo", incluso la "rehabilitación y revitalización del barrio".

Por su parte, el edil socialista, Vicente González Móstoles, criticó el "empecinamiento absoluto" del equipo de gobierno municipal en este proyecto y aseguró que "aunque la hipótesis del Bien de Relevancia Local no le parezca suficiente a una u otra instancia judicial, hay una barrera para la prolongación de Blasco Ibáñez, que es el BIC".

En su intervención en el pleno, Móstoles indicó que la orden del Ministerio de Cultura, dictada en ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo (TS), resuelve que el PEPRI determina la expoliación de conjunto histórico de El Cabanyal, por lo que se exige el Ayuntamiento "la suspensión de los derribos y la adaptación de este planeamiento para garantizar la protección de los valores históricos".

Sin embargo, censuró que el Ayuntamiento "no ha dictado paralización alguna" de las actuaciones realizadas por el PEPRI, y "se jacta del incumplimiento de las sentencias", al respecto. A su juicio, el equipo municipal de gobierno "comete ilegalidades por omisión, ya que están obligados por sentencia a paralizar la ejecución", insistió.

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