viernes, 5 de marzo de 2010

La oposición de RTVV lamenta la elaboración de un informe para "blindar" a Sanz

VALENCIA.- La oposición --PSPV y EUPV-- en Radiotelevisió Valenciana (RTVV) lamentó hoy la elaboración de un informe, por parte de la dirección, para "blindar y proteger" al secretario general del ente y jefe de Personal, Vicente Sanz, tras la denuncia presentada contra él por tres periodistas de Canal 9 por acoso sexual, y consideró que esta actuación se debe a que el director general del ente, José López Jaraba, "tiene las manos atadas" y está sometido a "presiones", ya que Sanz posee "demasiada información" relacionada con el entorno del PP.

Así lo explicó el vicepresidente del Consejo de Administración de RTVV, el socialista José Ignacio Pastor, a la salida del Consejo de Administración del ente convocado hoy, tras la petición, el pasado miércoles, a la dirección de cesar de forma "inmediata" a Vicente Sanz de su cargo y tramitar su despido. La dirección del ente decidió posponer a hoy la resolución final, que se concreta en un informe sobre la posibilidad legal de despedir disciplinariamente al secretario general.

Pastor señaló que esta decisión "desacredita a Jaraba", de quien cuestionó "su capacidad de decisión", así como su "autonomía e independencia" respecto al poder político. Asimismo, relató el último capítulo de este "montaje" y denunció la desaparición de algunas de las pertenencias que una de las denunciantes tenía en su despacho, e indicó que ya se ha abierto una investigación sobre este asunto.

Ante esta situación, el representante socialista afirmó que su grupo estudiará medidas legales para "poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los hechos, porque aquí --RTVV-- nadie hace nada", hasta el punto de que López Jaraba no ha adoptado ninguna medida cuando ya han pasado 21 días desde que se conocieron los hechos, "21 días de vergüenza", calificó.

Por su parte, el consejero de EUPV en RTVV, Amadeu Sanchis, aseguró que hoy el Consejo de Administración "ha perdido una oportunidad histórica de conseguir el cese definitivo de Vicente Sanz como secretario general", así como "proceder a su despido disciplinario".

En este sentido, calificó el informe de "contradictorio", ya que, por un lado, dice que el acoso sexual es "causa suficiente" para proceder al despido disciplinario, pero "antepone el procedimiento penal" para que pueda ser despedido.

Además, consideró "decepcionante" que López Jaraba no haya cesado a Sanz --en estos momentos, suspendido cautelarmente-- como secretario general "por bloqueo de los consejeros del PP", aclaró.

También incidió en lo "preocupante" que resulta este tema y "la mala imagen" que este grupo de comunicación ofrece a la sociedad. Por último, resaltó "el jarro de agua fría" que para las mujeres supone que Sanz no pueda ser cesado de su cargo tras las denuncias de tres profesionales de Canal 9 por acoso sexual.

Intersindical Valenciana (Iv), por su parte, exigió a Jaraba que "deje de proteger" a Sanz y consideró "inadmisible" que al director general de RTVV le "tiemble el pulso" ante el secretario general cuando existe una denuncia de acoso sexual contra él.

El sindicato recordó, en un comunicado, que el VIII Convenio Colectivo del ente público tipifica el abuso sexual como una falta "muy grave", especialmente si se produce en una situación de diferencia jerárquica. Por último, se preguntó que hubiera ocurrido si, en lugar del "todopoderoso Sanz", hubiera sido acusado de este delito un trabajador normal.

El informe realizado por la Subdirección de Servicios Jurídicos del ente sobre la "duda legal" plateada en la reunión del Consejo de Administración de RTVV del miércoles en relación a la posibilidad legal de despedir disciplinariamente al secretario general, Vicente Sanz, señala que aunque sí se puede estar ante una posible causa de despido disciplinario, cuya falta prescribe a los 12 meses, en estos momentos no se puede realizar "al no tener conocimiento la empresa del alcance claro e inequívoco" de los hechos ocurridos y "no poder motivar" esta decisión tal y como se exige legalmente.

Asimismo, añade que, una vez iniciada la vía penal por estos mismos hechos a raíz de la denuncia interpuesta por las tres periodistas ante el juzgado, "es unánime la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la suspensión de la prescripción de la falta cuando la misma pueda ser constitutiva de delito", como es éste el caso, dice, "atendiendo a que es en el procedimiento penal donde se podrá determinar y conocer la realidad y circunstancias" de lo sucedido.

En esta línea, considera "perfectamente válida y ajustada a la legalidad la suspensión aceptada como medida cautelar" mientras se resuelve el procedimiento en vía penal, y rechaza aplicar los privilegios laborales y de seguridad laboral establecidos en la Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hasta que no se requiera por orden judicial o informe del fiscal.

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