VALENCIA.- La comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento
de Valencia para depurar posibles responsabilidades políticas de los
concejales del grupo popular investigados por la justicia en el marco
del caso Imelsa tendrá un representante de cada grupo y se reunirá cada
quince días.
Además contará con dos tipos de sesiones, unas cerradas
de carácter deliberativo y de preparación de trabajo, y otras abiertas
al público, que además se grabarán, en las que participarán expertos y
comparecerán informantes que puedan aportar datos importantes para la
investigación.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Valencia ha informado de que el
pleno del Ayuntamiento del mes de febrero aprobará la constitución de la
citada comisión, cuya creación fue aprobada en el pleno de enero por
unanimidad de todos los grupos políticos.
El conocido como caso Imelsa tiene su origen en una supuesta
trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos en varias
administraciones valencianas controladas por el PP, aunque en esta misma
investigación, se detectó el presunto blanqueo de 50.000 euros en el
seno del PP de la ciudad de Valencia.
La propuesta de acuerdo de esta comisión se ha acordado hoy, unánimemente, en la Comisión de Participación y Transparencia.
El teniente de alcalde y concejal delegado del área de
Participación, Derechos e Innovación Democrática, Jordi Peris, ha
explicado, al término de esta reunión, que la comisión no comenzará con
sus actividades de investigación y estudio hasta que no se levante el
secreto de sumario.
Jordi Peris ha resaltado que la propuesta de esta comisión ha
sido aprobada con el respaldo de los cinco grupos políticos del
Consistorio y que la única discrepancia ha sido planteada por el grupo
Ciudadanos por la fecha en el que se iniciarán los trabajos.
Finalmente, tal como había propuesto el equipo de gobierno,
comenzarán cuando se levante el secreto de sumario "por razones obvias,
porque hasta ese momento no contaremos con información fidedigna de los
hechos investigados, ni podremos solicitar a nadie que aporte datos al
respecto, porque esto sería ilegal".
Ha recordado que el objetivo de esta comisión es depurar las
responsabilidades políticas, revisar los mecanismos de control y
supervisión de las adjudicaciones y contratos relacionados con el caso
Imelsa, y hacer propuestas para que evitar que los hechos investigados
se vuelvan a producir.
"El objetivo es ir más allá y tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a pasar", ha concluido Peris.
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