VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha remitido este lunes un
requerimiento al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que lleve
al Consell y apruebe en su seno reclamar formalmente al Gobierno el
pago del IVA pendiente de 2017, ya que si no lo hace puede prescribir en
enero de 2021 y, en ese escenario, podría incluso incurrir en
responsabilidad contable.
Así lo ha
anunciado la también portavoz del Grupo Popular en Les Corts en una
rueda de prensa en la que ha recordado también que el pasado viernes
envió el requerimiento al Consejo de Ministros para al Consejo de
Ministros para que "cese su inactividad material en el cumplimiento de
sus obligaciones legales" y abone el importe adeudado, de 281 millones
de euros, como paso previo a la interposición de un recurso ante el
Tribunal Supremo.
De
forma paralela, a la espera de la respuesta del Ejecutivo -tiene un
plazo de tres meses-, el PP ha enviado el requerimiento a Puig para que
el Consell se dirija en esos mismos términos al Gobierno, dado que "la
defensa y reclamación de los ingresos de la hacienda pública de la
Generalitat" es un "deber legal inexcusable" de la administración
valenciana.
En el documento
recuerda que los ingresos derivados de la liquidación del IVA, en la
parte que la ley cede a la Generalitat, son derechos de esa hacienda
pública y, como tales, "no se podrán enajenar, gravar, ni arrendar".
Por
ello, prosigue el PP, no está el Consell habilitado legalmente para
condonar al Estado la mensualidad del IVA pendiente de 2017, que "no
solo ha de ser satisfecha, sino que, además, debe ser reclamada".
Agrega
que debe reclamarse "a la mayor brevedad" porque "la inacción por parte
del Consell contribuye a que continúe el transcurso del plazo de
prescripción", fijado con carácter general en cuatro años para las
obligaciones de derecho público. En este caso, el plazo acabaría en
enero de 2021, ha precisado Bonig.
Además,
en el requerimiento se le recuerda a Puig que la Ley de Hacienda
Pública incluye en su régimen sancionador el incumplimiento de las
obligaciones legales, entre ellas la cobranza de las deudas pendientes
para con la administración.
"En
este caso nos encontramos claramente en un supuesto de posible
infracción, que llevaría aparejada la consiguiente responsabilidad
contable, en tanto que se irroga un perjuicio económico a la Generalitat
debido únicamente a la voluntad del president y del Consell de no
proceder a la reclamación de una deuda exigible, más si cabe ante el
riesgo de pérdida total por el plazo de prescripción", advierten los
'populares', que estudiarían pedir esa responsabilidad llegado el
momento.
Isabel Bonig ha
explicado que se trata de un crédito "cierto, determinado, líquido y
exigible" y no va a permitir que "por inacción" prescriba de aquí a un
año cuando es "dinero contante" que serviría, por ejemplo, para pagar
gastos de funcionamiento que se adeudan a centros educativos.
"Queremos
liquidez, queremos derechos", ha dicho, y el principio de legalidad
"obliga a Puig a reclamar formalmente ese dinero para que no prescriba".
"Supongo
que el presidente querrá defender los intereses de los valencianos", ha
insistido la presidenta del PP valenciano, que ha lamentado que la
solución dada por la ministra, María Jesús Montero, en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) supone, parafraseando a la
vicepresidenta Mónica Oltra, "cambiar derechos por deuda".
A
su juicio, de esa reunión salió "un disparate" y una "humillación" al
plantear un relajamiento del objetivo del déficit y un FLA a tipo cero,
cuando en el seno de la comisión mixta Consell-Corts que tuvo lugar un
día antes del CPFF se acordó solicitar un déficit asimétrico, el IVA
pendiente y la reforma de la financiación. "Han incumplido los
compromisos", ha denunciado Bonig.
"Los
acuerdos del CPFF son claramente dañinos para la Comunitat Valenciana",
ha insistido, y el PP seguirá en su "ofensiva" para reclamar la defensa
de los intereses de los valencianos.
"Di la oportunidad a Puig de
firmar el requerimiento previo al Gobierno, ni caso", ha relatado,
cuando una reclamación del 'president' tendría "más legitimidad".
Ha
recalcado que han intentado "agotar todas las vías políticas" pero no
ha sido posible porque el PSOE "quiere negociar con ERC o Junts" pero no
con el PP".
Bonig
también se ha pronunciado sobre los 44 puntos de la propuesta del
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al 'president' catalán, Quim
Torra, y se ha referido concretamente a los relativos a la inversión en
infraestructuras ferroviarias, con partidas en 2020 para el Corredor
Mediterráneo y Cercanías. "¿Y las Cercanías de la Comunitat Valenciana,
qué? Espero que estén los 1.436 millones para Cercanías valencianos
también".
Asimismo, ha
aludido al impulso a las infraestructuras portuarias y la financiación
de nuevos accesos al puerto de Barcelona, preguntando qué pasará con los
de los puertos de Castellón, Alicante y Valencia.
"Entiendo por qué
Compromís no quiere la ampliación del puerto de Valencia, quieren que
todo salga por Barcelona", ha apuntado. Asimismo, ha lamentado no haber
escuchado a Puig referirse a estas cuestiones.
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