Los impagos afectan a 20 de los 30 centros residenciales, según ha asegurado el sindicato en un comunicado, en el que asegura que la situación "ha llegado al tal extremo que, en algunos de ellos, el personal, en su mayoría trabajadoras, ha dejado de percibir su nómina".
UGT ha recalcado que el grueso de los centros de atención social para mujeres víctimas de violencia concertados por la Conselleria. Se trata de 20 centros distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, que suman un total de 215 plazas y se integran en la red pública valenciana de Servicios Sociales.
"Suponen dos tercios de los centros residenciales y la mayor parte de las plazas disponibles en la Red --215 plazas de un total de 370--", ha apuntado el sindicato, que ha recalcado que los Centros de Emergencias, Centros de Recuperación Integral y Viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia de género eran financiados por la Conselleria de Servicios Sociales mediante un concierto social que se convocó para al año 2022 y que se prorrogó hasta el 31 agosto de 2023.
Sin embargo, asegura que Servicios Sociales "ni ha prorrogado el concierto ni ha convocado un nuevo, por lo que desde septiembre de 2023 la Conselleria no paga a las entidades que los gestionan".
El resultado, ha añadido, es que "se han
quedado sin financiación pública y tienen que asumir todos los gastos
necesarios para atender a las mujeres que residen en ellos, muchas de
las cuales con hijos a su cargo, y también los salarios del personal
trabajador".
Al no existir un concierto social que financie
estos centros y los integre en la Conselleria de Servicios Sociales, UGT
denuncia que el resultado es que la mayor parte de los centros y las
plazas para la atención a mujeres víctimas de violencia "está fuera de
la red pública y a merced de la buena voluntad de las entidades
titulares de los centros".
El
sindicato ha afirmado que más del 90 por ciento son trabajadoras,
"muchas con cargas familiares, y no están cobrando el salario por el
trabajo realizado".
En esta línea, ha añadido que las entidades "carecen
de ánimo de lucro y, muchas son de carácter religioso, por lo que no
disponen de suficiente capacidad económica para cubrir los y los gastos
de mantenimiento del centro, motivo por el cual algunas han dejado de
abonar estos salarios".
Para Toni Femenía, delegado sindical
de UGT, "ni las entidades del sector ni sus trabajadoras son culpables
de esta situación, pero son las que sufren el abandono de la
Conselleria, que ha dejado a estos centros sin la cobertura del
concierto social y a la red pública sin la mayor parte de sus centros".
El sindicato ha exigido una solución "urgente y que se priorice el
pago a las entidades". En Alicante los afectados son un centro de
emergencias, cuatro centros de recuperación y una vivienda tutelada; en
Castellón, dos viviendas tuteladas y en Valencia un centro de
recuperación y once viviendas tuteladas.
Por su parte, la Conselleria de Servicios Sociales asegura que es
"una prioridad pagar cuanto antes" a las entidades y, por este motivo,
"se están agilizando los trámites para poder abonar lo antes posible la
deuda" que se mantiene con ellos.
El departamento que dirige
Susana Camarero ha indicado que esta situación es "un ejemplo más de la
mala gestión" del Botànic que "dejaron sin tramitar el expediente
administrativo de la nueva convocatoria para poder renovarla y no
tuvieron ninguna previsión de iniciar el expediente de la nueva
convocatoria de acción concertada, que lleva un largo trámite
administrativo, con antelación suficiente para haberlo convocado en
plazo", han informado fuentes de la Conselleria.
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