VALENCIA.- La acampada por el derecho a la vivienda y el territorio y contra la turistificación que lleva seis días en la plaza del Ayuntamiento de Valencia se mantendrá al menos hasta el próximo domingo, tras lo que sus integrantes decidirán si continuar. Además, plantea llevar a cabo nuevas «medidas de presión» como ocupar otros espacios públicos de la ciudad, realizar nuevas manifestaciones y sumarse a huelgas de alquileres o de consumo.
«No nos rendiremos hasta conseguir nuestros objetivos, porque nos va la vida. La acampada es una estrategia política que se construye día a día. Hemos recuperado la plaza del Ayuntamiento y la hemos hecho nuestra, como símbolo del vecindario en resistencia. Ahora vamos un paso más allá: si no tenemos casa, ya no nos vale solo la plaza. Lo queremos todo y lo lucharemos todo».
Así lo ha manifestado Alba Font, una de las portavoces de la acampada, junto a la también portavoz Marta Sanchis y el representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) José Luis González, en rueda de prensa en la plaza del Ayuntamiento.
Allí se mantienen decenas de personas acampadas desde el pasado sábado para dar continuidad a las demandas de la multitudinaria manifestación 'València s'ofega' convocada por el movimiento València no està en venda.
De momento, los acampados han reiterado su intención de seguir en la plaza hasta el domingo, aunque han remarcado que «eso no significa» que no continúen más días porque lo decidirán «día a día» de forma colectiva en asambleas, como hasta ahora.
Sus objetivos pasan por ampliar las demandas de la manifestación del pasado sábado, seguir construyendo redes populares a favor de la vivienda y llevar a cabo nuevas actuaciones si no se atienden sus peticiones. Entre esas medidas plantean «continuar ocupando espacios públicos» cuando constaten que «la ciudad necesita parar» por la crisis de la vivienda y la escalada de la turistificación.
También contemplan convocar nuevas manifestaciones y sumarse a las propuestas de agrupaciones sindicales de una huelga de alquileres o una huelga de consumo, sobre todo dejando de comprar en empresas que «destruyen el territorio y especulan con la vivienda» y las que «hacen préstamos a la Generalitat y a los ayuntamientos».
Se trata de «medidas de presión» que han acordado de forma asamblearia y que llevarán a cabo «si no hay cambios reales y efectivos». Para ello, pretenden entregar este viernes sus reivindicaciones por registro de entrada al Gobierno, a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia, si bien son «conscientes de que no escucharán» sus peticiones porque de momento «ningún partido» político se ha dignado a reunirse con ellos.
Los acampados también rechazan las declaraciones de los últimos días de representantes políticos abogando por la construcción de vivienda como principal solución. «No podemos comer cemento», ha ilustrado la portavoz Marta Sanchis, quien ha exigido voluntad política a las tres administraciones y ha advertido que «la gente tiene ganas de huelga general» por la crisis de la vivienda.
Además, ha remarcado que todas las acciones que se plantean desde el Gobierno, el Consell y el Ayuntamiento, como la moratoria de apartamentos turísticos, «tienen una trampa».
«En el contexto en el que estamos, las medidas tienen que ser drásticas: una moratoria de un año no es nada», ha subrayado.
Entre las propuestas dirigidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los acampados exigen la regularización de todos los alquileres en función de las rentas, la prohibición de compra de vivienda por parte de fondos de inversión y el fomento de modelos cooperativistas, además de la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional y fondos para crear un parque público de vivienda. También exigen paralizar la ampliación del puerto de Valencia y de otros «proyectos destructivos» con el territorio.
Al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, le reclaman aplicar la Ley estatal de Vivienda para regular los precios del alquiler, consolidar un parque de vivienda mediante tanteo y retracto o la absorción de inmuebles de la Sareb y obligar a grandes tenedores a renovar contratos a familias sin recursos. Otras de sus propuestas son poner «fin a la promoción turísticas», anteponiendo a los vecinos y a los productos de proximidad, y no modificar la protección de la Huerta de Valencia.
Y en clave local, urgen a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a pedir que la ciudad se declare como zona tensionada para regular los alquileres, crear un parque público municipal o estudiar la prohibición de los apartamentos turísticos, junto a una moratoria de licencias hoteleras.
Piden además revertir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto a suelo agrícola, mantener l'Albufera y la Huerta como «espacios intocables» y paralizar proyectos urbanísticos como los Programas de Actuación Integrada (PAI).
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