VALENCIA.- El último informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), correspondiente al segundo trimestre de 2025, revela que la ciudad de València ha registrado solo 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para su venta y que los precios en la ciudad están «disparados».
El director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López, ha advertido: «La oferta de vivienda nueva a la venta representa menos del 0,02% del parque residencial. Desde una perspectiva técnica, no permite generar indicadores robustos. Desde una perspectiva social, revela que ya no hay condiciones para producir vivienda. La oferta ha colapsado. Y el mercado no se modera: enloquece.»
Para una capital con más de 800.000 habitantes y 415.000 viviendas construidas, las 91 viviendas de obra nueva disponibles no son una cifra baja, «es estadísticamente irrelevante, urbanísticamente alarmante y socialmente inaceptable».
«Lo verdaderamente grave no es que no podamos medir el mercado con rigor; es que ya no hay mercado que medir», ha aseverado.
El escenario que muestra el informe de la Cátedra Observatorio de la Vivienda incluye otro dato que la institución califica de «demoledor»: solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el pasado trimestre.
Eso supone el 0,0036% del parque total de Valencia. Una cifra que, más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda, ha explicado.
El estudio destaca que «la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para los hogares con ingresos medios y bajos. Y mientras tanto, en suelos ya planeados como Benimaclet, se cuestiona incluso la edificabilidad consensuada, ignorando que rebajarla es condenar a la juventud a seguir expulsada de la ciudad».
El informe alerta también sobre la imposibilidad creciente de construir vivienda nueva. No se trata solo de la lentitud burocrática, ni siquiera de la escasez de suelo. El coste de ejecución material ha crecido más de un 30% desde 2020, con picos del 50% en estructuras, instalaciones o acabados.
El mayor cuello de botella, según la cátedra, está en la falta de mano de obra cualificada: la edad media en la construcción supera los 50 años, y la Formación Profesional no está absorbiendo la demanda. Las promociones se paralizan, se encarecen o directamente se cancelan.
«Seguimos diseñando planes de vivienda para un país que ya no existe», concluye Cos-Gayón.
En paralelo, el mercado del alquiler continúa su escalada: el precio medio supera ya los 1.900 euros al mes en la ciudad de Valencia. «Tanto el alquiler tradicional como el turístico crecen, lo que desmiente la narrativa oficial. Lo que se retrae es la oferta, desplazada por la inseguridad jurídica, la rigidez regulatoria y el miedo a la okupación», señala la cátedra.
Fernando Cos-Gayón considera que la Ley 12/2023 ha producido efectos contrarios a los deseados, expulsando a pequeños propietarios del mercado y agravando el problema. Ante esta situación, ha valorado que «culpar al turismo es una coartada, no una estrategia. El alquiler no se decreta. Se construye».
Las consecuencias más graves recogidas en el informe ya no son económicas: son sociales. Valencia presenta cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales. Familias que viven en chabolas, caravanas o infraviviendas, con más de 200 menores sin condiciones básicas.
La Cátedra de Vivienda ha recalcado que «no es una emergencia nueva» sino «la consecuencia acumulada de años de inacción institucional».
Desde hace nueve años, la Cátedra Observatorio de la Vivienda viene alertando, informe tras informe, sobre los signos de agotamiento del modelo: «No se ha reaccionado. No se ha planificado. Y, lo más grave: España ni siquiera ha definido aún una tipología de vivienda social real, básica, viable y construible, como sí existe en otros países que también enfrentan fuertes flujos migratorios hacia las ciudades, especialmente en Hispanoamérica. Sin esa base, la exclusión seguirá creciendo. La demagogia expulsa, pero no aloja.»
Lo que sí existe es la Vivienda de Protección Pública (VPP), cuyo marco normativo está aprobado, pero no se puede activar sin el módulo dinámico de precios máximos, previsto en el Decreto 180/2024 de la Generalitat Valenciana.
La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV considera que «su publicación inmediata es imprescindible para permitir a los promotores construir vivienda asequible en condiciones viables. Ese es hoy el único camino realista para frenar los asentamientos, contener los precios y reequilibrar el mercado.»
Como conclusión del informe del último trimestre, Fernando Cos-Gayón realiza el siguiente análisis: «La situación ya no es una crisis de acceso. Es una emergencia habitacional estructural, con alto riesgo de derivar en un conflicto social. Y lo más preocupante es que nadie puede decir que no lo sabía. Todo está medido. Todo está dicho. ¿Quién va a hacer algo?»
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