CASTELLÓN.- Los intereses del Consell y del Ayuntamiento de Castellón en el Plan de Actuación Integral (PAI) de Els Mestrets son contrapuestos: mientras el equipo de gobierno municipal que dirige Alberto Fabra estudia cómo salvar el "buque insignia" de sus compromisos electorales, la Generalitat tiene adoptada su decisión, según "El País".
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, insistió ayer en que la Administración autonómica recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la aprobación del PAI de Els Mestrets, un programa de más de un millón de metros cuadrados en el que están proyectadas 3.000 viviendas de protección oficial, el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU que diseña Frank Gehry y la ronda norte de circunvalación de la ciudad.
La presentación y resolución de un recurso en el Supremo es una "oportunidad" para la Generalitat que, con unas arcas más que menguadas, tiene la excusa perfecta para demorar las inversiones. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, consciente de esta posibilidad, ya ha mostrado sus dudas respecto a la presentación del recurso, que supondría demorar, no menos de tres años, el respaldo legal que precisa el proyecto.
Incluso, Fabra ha llegado a plantear la posibilidad de cambiar de ubicación alguno de los grandes diseños planeados para Castellón, lo que precisaría de una nueva tramitación urbanística que, en cualquier caso, podría ser más breve que la espera de la resolución del Tribunal Supremo.
Pero el deseo de Alberto Fabra de sacar adelante sus promesas electorales choca con la intención manifestada por Rambla, que ayer insistió en que "el PAI es perfectamente válido". El vicepresidente añadió: "Creemos que la argumentación del juez es recurrible".
La sentencia no supone la suspensión del acto administrativo por el que se aprobó el PAI, ya que puede ser recurrida en casación ante al Tribunal Supremo. Así, el desarrollo podría seguir adelante pero, en el caso de que finalmente el Supremo ratificara la sentencia del TSJ, el volumen de indemnizaciones que habría que pagar sería millonario. Además, el Ayuntamiento tampoco parece dispuesto a seguir con un desarrollo urbanístico cuando su legalidad está en juicio.
El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, insistió ayer en que la Administración autonómica recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la aprobación del PAI de Els Mestrets, un programa de más de un millón de metros cuadrados en el que están proyectadas 3.000 viviendas de protección oficial, el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU que diseña Frank Gehry y la ronda norte de circunvalación de la ciudad.
La presentación y resolución de un recurso en el Supremo es una "oportunidad" para la Generalitat que, con unas arcas más que menguadas, tiene la excusa perfecta para demorar las inversiones. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, consciente de esta posibilidad, ya ha mostrado sus dudas respecto a la presentación del recurso, que supondría demorar, no menos de tres años, el respaldo legal que precisa el proyecto.
Incluso, Fabra ha llegado a plantear la posibilidad de cambiar de ubicación alguno de los grandes diseños planeados para Castellón, lo que precisaría de una nueva tramitación urbanística que, en cualquier caso, podría ser más breve que la espera de la resolución del Tribunal Supremo.
Pero el deseo de Alberto Fabra de sacar adelante sus promesas electorales choca con la intención manifestada por Rambla, que ayer insistió en que "el PAI es perfectamente válido". El vicepresidente añadió: "Creemos que la argumentación del juez es recurrible".
La sentencia no supone la suspensión del acto administrativo por el que se aprobó el PAI, ya que puede ser recurrida en casación ante al Tribunal Supremo. Así, el desarrollo podría seguir adelante pero, en el caso de que finalmente el Supremo ratificara la sentencia del TSJ, el volumen de indemnizaciones que habría que pagar sería millonario. Además, el Ayuntamiento tampoco parece dispuesto a seguir con un desarrollo urbanístico cuando su legalidad está en juicio.
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