La querella --que también contemplaba supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, tráfico de influencias, negociaciones y acciones prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, malversación y cohecho-- está motivada en las "presuntas irregularidades" practicadas por Ferrada y Perelló en cuestiones como la paralización del expediente sancionador al hotel Aloha, propiedad de un familiar del alcalde.
Asimismo, los socialistas consideran que pudo producirse "posible infracción del expediente de las obras realizadas por Andramaparc, empresa de la que formaba parte también el alcalde; presuntas ilegalidades en la tramitación y adjudicación del PAI para el sector de Pedrera Port; y de otros PAI a la mercantil Gruines SL: sector Jardines de la Malvarrosa".
Respecto de Perelló --que actualmente también es asesor del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, apuntaron-- se le imputaba un presunto delito de cohecho por la adjudicación de ciertos programas urbanísticos a unas empresas determinadas en perjuicio de otras y en contra del interés general del municipio".
Para ello, se alude en la querella al hecho de que Perelló utilizase habitualmente un vehículo conducido anteriormente por Enrique Granell quien, según la querella, "goza del favor de la corporación pues ha resultado adjudicatario de muchos programas urbanísticos en la localidad de Burriana a través de diferentes empresas".
También se hace constar en la querella que Perelló "intervino de forma directa en la tramitación del PAI A-24, 25 y 26 del PGOU de Burriana sin comunicar su obligación de abstención, a pesar de tener interés directo por ser dueño de terrenos comprendidos en dicho ámbito de actuación". Fuentes del PSPV observaron que Perelló "adquirió esos solares poco antes de la adjudicación y no se inscriben en el registro hasta seis meses después de su adquisición".
En el recurso, se argumenta la necesidad de que se reabra el caso para practicar las pruebas que fueron solicitadas en la querella presentada en enero de 2007 y que, "sorprendentemente", no fueron realizadas, explicaron.
Por este motivo, y así lo hacen constar en el recurso, los socialistas de Burriana consideran "injustificado el argumento del juzgado de sobreseer la causa aludiendo que no hay constancia de que los hechos imputados en la querella hayan sido realizados "si no se ha practicado ni una sola de las pruebas que se solicitaban".
De hecho, se hace constar textualmente que "en más de dos años el juzgado se ha limitado a exigir formalismos que únicamente han supuesto una dilación indebida del proceso, como son la solicitud de copias de la querella siendo éste un requisito no preceptivo para su admisión; solicitud de documentos que ya obran unidos a autos; solicitud de ratificación a pesar de constar poder especial para querella; suspensión de las fechas para las declaraciones a practicar; solicitud de fianza; elevación de los autos al Tribunal Supremo".
En suma, "todo aquello inimaginable menos practicar las diligencias necesarias para la acreditación de los hechos que esta parte viene solicitando desde su escrito de querella en enero de 2007", resumen.
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