VALENCIA.- El grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia ha acusado este jueves al PP, al frente del gobierno municipal, de "anteponer de forma radical las operaciones inmobiliarias y urbanísticas al patrimonio" lo que conlleva "efectos adversos" para su protección. Ha criticado que por parte de los 'populares' "no hay voluntad política" para llevar a cabo una protección patrimonial efectiva y que prefieran "devaluar y vaciar de contenido" espacios.
Los socialistas piden la inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad y como Bien de Relevancia Local (BRL), dentro de los bienes de origen urbano, de edificios como la Ceramo, Bombas Gens, el Chalet de los Periodistas ubicado en el número 16 de Blasco Ibáñez, la Lactancia, el Palacio de la Exposición, las torres de guardas de La Alameda, la Lonja de Pescadores de El Cabanyal, la Aduana Marítima, los puentes históricos y entornos como los centros históricos de el Grao y El Cabanyal.
Igualmente, el PSPV reclama que "se incremente la protección", para que pasen de ser BRL a Bien de Interés Cultural (BIC), de espacios como L'Almoina, la Cárcel de San Vicente, los Jardines de Viveros y el Jardín de la Gran Vía Marqués del Turia (con la categoría de jardín histórico estos dos últimos), y de otros lugares como el Archivo del Reino de Valencia (con la categoría de monumento)y de la totalidad del edifico del Ayuntamiento (también con la categoría de monumento y con independencia del museo histórico ya BIC).
Por otro lado, por lo que se refiere a bienes protegidos de origen rural, el grupo socialista propone incluir dentro de las normas urbanísticas de la ciudad un apartado sobre los deberes de conservación, la obligación de la propiedad de pasar la inspección periódica de edificaciones según la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el compromiso de las administraciones de regular ayudas para la rehabilitación.
Estos planteamientos se incluyen en las alegaciones que el PSPV ha presentado al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad, tanto de origen rural como urbano, a partir de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo ha señalado el concejal del PSPV Juan Soto, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la portavoz de esta formación en el consistorio, Carmen Alborch, y el también edil socialista, Vicente González Móstoles, para presentar las alegaciones de su grupo a dicho catálogo.
Soto ha señalado que la política de protección de edificios y espacios del PP "denota una falta de sensibilidad real y acaba desvirtuando y adulterando el conjunto patrimonial de la ciudad". Ha apuntado que "hay casos en los que se arrasa" y se produce una "destrucción patrimonial", como "Tabacalera, la Lonja de Pescadores de El Cabanyal, el Chalet de los Periodistas (del número 16 de Blasco Ibáñez)" y otros en los que "se vacía de contenido", como "la Cárcel Modelo, Bombas Gens, la Ceramo, Tabacalera o La Lanera", ha dicho.
"La prioridad no es el patrimonio y eso tiene efectos sangrantes", ha comentado el concejal, que ha considerado que la gestión de la alcaldesa, Rita Barberá, es "una amenaza para el patrimonio de la ciudad", según ha dicho "para dejar a generaciones futuras el patrimonio que hemos recibido de generaciones pasadas porque ya no se parece" porque "ha hecho más mal que bien".
El concejal socialista ha destacado que "los usos" de los inmuebles con valor patrimonial "se han de subordinar al edificio y no al revés" y ha afirmado que con las aportaciones del PSPV "se puede mejorar" el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad.
Por su parte, la portavoz socialista ha apostado por una ciudad que "cuide sus señas de identidad" y que "ponga en valor sus patrimonio cultural e histórico". Por ello, ha propuesto "buscar el nivel de protección adecuado a lo que forma parte de nuestra historia e identidad" y ha instado a "asumir el compromiso político de poner en valor y rehabilitar".
Carmen Alborch ha considerado que "la política patrimonial del PP es obsoleta" y ha indicado que esta formación "no está preparada para afrontar los desafíos y los retos del siglo XXI" con el fin de ofrecer, a través del patrimonio, "una oferta diferenciada y competitiva con el resto del mundo". "La modernidad es rehabilitar", ha apuntado. Así, ha afirmado que a pesar de "operaciones de maquillaje y propaganda grandilocuente, el equipo de Barberá tiene poca sensibilidad hacia el patrimonio cultural valenciano".
Por lo que se refiere a los bienes de origen rural, Alborch ha advertido de que este patrimonio "se deteriora y degrada cuando no existe vigilancia", además de criticar que "no se aprueben ordenanzas que ayuden a la rehabilitación". Por su lado, Juan Soto ha señalado que "de nada sirve poner la estrellita de protección si se abandona a su suerte". Como ejemplo de "abandono" ha citado las alquerías del Pi, el Moro, la Torre, Ferrer y la Chimenea de la antigua fábrica de la antigua fábrica de El Prado.
El edil Vicente González Móstoles, por su parte, ha defendido la protección de la huerta por ser "probablemente, el bien patrimonial más importante de la ciudad". Ha lamentado que "un bien patrimonial de esa naturaleza pierda 800 hectáreas gracias a la revisión del PGOU" y ha propuesto la declaración BIC para la huerta.
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