VALENCIA.- La Intervención General del Ayuntamiento de València ha detectado contrataciones irregulares y fraccionamiento de contratos en la Fundación Valencia Activa, un organismo municipal para el fomento del empleo en el que también ha advertido algunas adjudicaciones sin cumplir la Ley de Contratos del Sector Público.
Así se concluye del informe provisional de auditoría integral de 2019 de la Fundación y que lleva a la Intervención a emitir una opinión desfavorable sobre el organismo que actualmente depende de la concejala Pilar Bernabé y que en la pasada legislatura llevaba la actual vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez.
Fuentes del gobierno municipal han incido que se trata de "un informe provisional que carece de validez".
El trabajo se ha centrado en comprobar que la tramitación de contratos se ha ajustado a la normativa aplicable en sus diferentes fases y, respecto a los contratos menores concluye que se "supera el importe máximo establecido en la normativa de contratación para su consideración como menor".
Al respecto, califica de "repetitivos" contratos como los de alquiler de maquinaria, suministros de oficina, asistencia informática, mobiliario o limpieza de locales, y por tanto, argumenta que por ser recurrentes, en vez de excepcionales, "debe considerarse un fraccionamiento de contrato".
Sobre contratos tramitados por procedimiento abierto analizados, critica que no está publicada la memoria justificativa ni existe informe de insuficiencia de medios en el perfil del contratante y carecen del contenido mínimo previsto por el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público porque no hacen referencia a condiciones de "recepción, entrega o admisión".
En concreto, ha analizado los contratos de cursos de formación para mujeres, de cuatro campañas de publicidad, servicios de asesoría jurídica y cursos formativos en habilidades digitales, emprendimiento y mentorización.
También advierte que la Fundación no ha asegurado alguno de los ocho locales cedidos por el Ayuntamiento "contraviniendo así una de las cláusulas que aparece en la cesión", y se han detectado inversiones en cafeteras, frigoríficos o microondas por importe de 3.314 euros en 2019 y ejercicios anteriores "no asociadas al desarrollo de la actividad".
Respecto a los gastos de personal, detecta que en la relación de puestos de trabajo no se especifica las retribuciones complementarias, ni se especifica en los contratos el convenio colectivo que se les aplica, sin existir además autorización "expresa" para "estos incumplimientos contractuales".
Igualmente, reprocha una reclasificación de puestos de trabajo con un incremento de retribución anual del 26,6 % "sin aplicar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" ni "la necesaria modificación de la relación de puestos de trabajo".
En 2019 se ha producido el alta de 23 trabajadores, 1 fijo y 22 temporales "sin acreditar" la tasa de reposición ni corresponderse con puestos de trabajo previsto en la relación, sin realizar pruebas selectivas "sino de valoración de currículum" y una entrevista, y sin publicitarse los resultados de este proceso.
Incide expresamente en que en la contratación del gerente de la Fundación "no se acredita en el expediente" su competencia profesional y en el nombramiento de dos directivos, no se ha obtenido el acta de autorización de uno de ellos y del otro no se justifica su asignación por mérito y capacidad.
"No están previstos en los estatutos de la Fundación los dos cargos", asevera el informe, que incide en que, por tanto, han sido creados "sin un soporte jurídico que les habilite para ello" ni existe previamente un informe del servicio de personal del Ayuntamiento al respecto.
El Ayuntamiento, incide, ha aportado el 85,3 % de la financiación de la Fundación, como hace habitualmente, para contribuir al cumplimiento de sus objetivos de fomento del empleo, formación y emprendimiento, aunque en la memoria "no se hace ninguna referencia al principio de empresa en funcionamiento".
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