VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha prometido este martes una "nueva" administración "al servicio del ciudadano" y "sin tutelajes" ya que, en su opinión, las administraciones "deben adaptar su papel y estructura a la nueva realidad", lo que implica "ser más ejemplares, austeros y transparentes". Además, ha señalado que "no puede prometer el pleno empleo" pero, como gobernante, aspira "al menos" a "recuperar el empleo que se ha destruido durante la crisis".
Fabra se ha pronunciado así en la conferencia que ha pronunciado en el Club de Encuentro Manuel Broseta, a la que ha asistido una nutrida representación del Consell y numerosos dirigentes políticos y personalidades del mundo empresarial valenciano. A las puertas del hotel que ha albergado la jornada, le aguardaba un grupo de abogados con una pancarta con el lema 'Fabra, páganos el turno de oficio'.
Ante una sala abarrotada de público, ha destacado que su gobierno ha implantado medidas de austeridad que en 2011 supondrán una disminución de obligaciones de 1.800 millones respecto a 2010.
Fabra ha apostado por hacer "grandes esfuerzos y sacrificios" y, en este sentido, se ha mostrado a favor de poner un techo de gasto a los presupuestos, reducir el gasto corriente y de subvenciones, excepto en las partidas de políticas sociales, y disminuir el gasto destinado a altos cargos, asesores y puestos intermedios, así como a entes, sociedades y fundaciones del sector público valenciano.
A modo de ejemplo, ha aludido al decreto ley que impulsará el proceso ya iniciado por la Generalitat de racionalización y reestructuración del sector público, y que, a su juicio, "pretende un sector público y fundacional saneado, austero, eficaz, eficiente y orientado al servicio de los ciudadanos".
Respecto a la deuda de la Comunitat, ha manifestado que no es "fruto del derroche ni del despilfarro, ni tampoco de la mala gestión" y ha argumentado que "en la última década han venido a vivir a la Comunitat un millón de personas más" y que "el 83 por ciento del presupuesto se destina a políticas dirigidas a las personas".
Es más, ha defendido que aunque algunos quieran "demonizar" a comunidades autónomas y ayuntamientos "la realidad no es así". En este sentido, ha explicado que "en España, la administración central es la responsable del 75,7 por ciento de la deuda pública española y todas las comunidades autónomas sólo son responsables el 18,9 por ciento del total".
Además, ha criticado que la Comunitat ha sufrido "un modelo de financiación autonómica injusto" en los últimos ocho años. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 8.357 millones de euros más", ha dicho.
También ha censurado que las inversiones del Estado son "insuficientes" para la realidad económica valenciana. "Si hubiésemos recibido lo mismo, ni más ni menos, que la media de los españoles habríamos recibido 3.356 millones de euros más", con lo que, según ha aseverado, si en los últimos ocho años el Estado hubiese transferido a los valencianos lo mismo que a la media de españoles, la deuda de la Comunitat sería un 60 por ciento inferior a la actual.
Fabra ha enumerado los "puntos débiles" de la región para entender mejor los retos del futuro, entre los que ha destacado la falta de crédito para las pymes y familias, la rigidez del mercado laboral que, tras dos reformas, "no se ha conseguido flexibilizar", la pérdida de competitividad y productividad, las malas previsiones macroeconómicas, que han llevado a un elevado endeudamiento del sector público y, por último, la falta de ahorro interno, que "ha provocado que seamos más vulnerables al devenir de los mercados".
En su discurso, ha resaltado que la Comunitat es una sociedad "abierta, integradora, tolerante, solidaria y moderna, donde los ciudadanos disfrutan de igualdad de oportunidades y bienestar", al tiempo que ha remarcado, "con la cabeza bien alta", que "es una comunidad referente en el conjunto de España y de Europa".
De cara al futuro, se ha propuesto conseguir tres grandes retos, el empleo y el crecimiento económico, la libertad y el bienestar social y la identidad y la proyección internacional. Para lograrlo, ha apelado a su carácter "pragmático" y "realista" y se ha mostrado dispuesto a "practicar el diálogo" con fuerzas políticas, agentes sociales y sociedad en su conjunto en busca de "la unidad y el consenso".
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