PALMA DE MALLORCA.- El juez instructor del caso Nóos, José Castro,
ha admitido la personación de la Generalitat Valenciana en calidad de
actora civil, de forma que, si bien no ejercerá acciones penales contra
los imputados de la causa, sí podrá reclamar las cantidades que
supuestamente fueron malversadas por el Instituto Nóos en virtud de un
convenio para la organización de unos Juegos Europeos que nunca llegaron
a celebrarse.
Mediante una providencia dictada este martes, el magistrado ha aceptado de esta forma tener por
parte a la Abogacía valenciana tras haber sido ésta autorizada por el
Consell de la Generalitat con el objetivo, según el acuerdo que adoptó
el mismo, de "recuperar el dinero que ilícitamente pudo haber ido al
Instituto Nóos" desde el Ejecutivo valenciano.
De esta forma, la Abogacía autonómica podrá acceder a las
distintas diligencias practicadas en el marco de estas pesquisas,
enmarcadas en la pieza separada 25 del caso Palma Arena, que a nivel
global investiga, entre otros hechos, el presunto desvío de más de
cincuenta millones de euros en la construcción del velódromo palmesano
así como la supuesta financiación ilegal del PP.
En concreto, la Comunidad Valenciana destinó 382.000 euros a raíz
de un convenio firmado con Nóos y la Sociedad Gestora para la Imagen
Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana por unos Juegos
Europeos que nunca tuvieron lugar.
Tal y como manifestó el portavoz del Gobierno valenciano, José
Císcar, recalcó la pasada semana que la personación obedece a "la
supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos" y, en este sentido,
defendió que el convenio firmado con la entidad que presidía el Duque de
Palma, Iñaki Urdangarin, "administrativamente es correcto".
"Mientras
no se demuestre lo contrario, es así", remachó Císcar.
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