Costa quedó exonerado del presunto delito de cohecho por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero su nombre apareció de nuevo en la parte madrileña del sumario del caso, difundida la semana pasada, como presunto receptor de un coche de alta gama y un reloj de lujo.
"Le he pedido al presidente Francisco Camps que le traslade al presidente nacional, Mariano Rajoy, las razones por las cuales no he presentado mi dimisión: tengo la conciencia tranquila,por lo que, si lo hiciera, sería un perjucio para los intereses de la formación política y para los militantes, que entenderían que ha actuado de forma incorrecta o ilegal, lo cual es falso", dijo Costa en una intervención ante la prensa en la que no admitió preguntas.
El secretario del PP valenciano, que aseguró que había devuelto "cualquier regalo improcedente", dijo que el vehículo Infinity lo había pagado de su bolsillo - habiendo remitido las facturas a la dirección 'popular' en Génova - y que el reloj fue un regalo de un compañero de partido, en clara referencia al diputado regional Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante.
"Siempre he seguido, siempre, los estatutos del partido, nunca he actuado al margen de las directrices del Partido Popular de la Comunidad Valenciana,aunque a veces hayan sido difíciles desde el punto de vista personal", añadió.
El pasado viernes trascendió que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, propondría destituir "temporalmente" a Costa en la reunión del comité ejecutivo regional del PPCV prevista para esta tarde.
"Si esta tarde se acuerda mi cese como secretario general, la aceptaré, como siempre he aceptado todas las directrices del partido", añadió.
Sin embargo, cargó contra quienes exigen su dimisión dentro de la formación conservadora, algunos de cuyos miembros se han visto salpicados por una red corrupta que pagaba presuntamente a altos cargos públicos a cambio de favores empresariales.
"Algunos pretenden convertirme en chivo expiatorio o cabeza de turco, y no me parece razonable, yo estoy dispuesto a dar cualquier explicación pública que sea necesaria sobre honradez o sobre mi gestión, pero creo que tengo derecho a exigir explicaciones", añadió.
Las peticiones de dimisión han supuesto "implícitamente una condena de la opinión pública, como si hubiera incumplido con mis obligaciones", dijo, recordando que no está implicado en ninguna actuación judicial y que la dirección nacional del PP no le pidió que no contara con los servicios de Orange Market, la principal empresa de la trama Gürtel en Valencia, donde operaba antes de que él asumiera como secretario general en 2007.
Subrayó que nadie de la dirección nacional del partido le ha llamado, lo que ha supuesto "implicitamente una condena ante la opinión pública".
"Espero y deseo que el PP a nivel nacional defienda mi imagen, mi honor y mi honradez, y que lo haga de forma pública. No hacerlo sería poner en tela de juicio la corrección de mi actuación y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, además de arrojar dudas sobre mi honradez como persona y como militante", apuntó.
El número dos de Camps, que lleva 20 años en el partido, admitió que sentía vergüenza por algunas conversaciones mantenidas con los cabecillas de la red y aparecidas en el sumario, pero añadió que no sabía que sus interlocutores eran los presuntos cerebros de una trama de corrupción.
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